Medios 01/08/2020

El secreto de las fuentes: la pala del periodismo para desenterrar datos sobre la corrupción

Por John Reichertz

Reiterados procesamientos penales de periodistas, y nuevas propuestas para “reglamentar” el secreto de las fuentes, combinados con la difusión de la teoría conspirativa del law fare han puesto en duda la efectividad del mandato constitucional

El secreto de las fuentes: la pala del periodismo para desenterrar datos sobre la corrupción

Los intentos para debilitar el secreto de fuentes del periodismo deberían chocar contra una pared dado el rol preferente y estratégico que tiene la libertad de expresión en la Constitución Nacional, cuyo mandato es un ejemplo mundial de protección para la prensa.

Según constitucionalistas, la libertad de prensa es el corazón del sistema republicano. Es el derecho que garantiza los demás derechos, y debe ser respetado en la plenitud de su sentido, sin alteraciones ni debilitamientos, como escribió en 1897 el constitucionalista y periodista riojano Joaquín V. González.

Aun así, en Argentina, hay incertidumbre.

El secreto de fuentes tiene una lógica muy sencilla, según Jonathan Peters del Columbia Journalism Review. Hay muchas personas que tienen acceso a información sobre corrupción, crimen o abuso de poder, que no hablarían públicamente por temor a represalias, pero si lo harían anónimamente a través de la prensa.

“Así que se desarrollaron privilegios para proteger a los periodistas, ya que hay un interés público en la divulgación de información noticiosa”, dijo Peters. Si el periodista fuera forzado a revelar la identidad de sus fuentes, no tendría más acceso a ese flujo de información sobre las actividades ocultas del poder.

Entonces, los periodistas, al publicar la información, se convierten en los objetivos de los contraataques, y no sus fuentes.

“Hay muchas personas que tienen acceso a información sobre corrupción, crimen o abuso de poder, que no hablarían públicamente por temor a represalias, pero si lo harían anónimamente a través de la prensa. Si el periodista fuera forzado a revelar la identidad de sus fuentes, no tendría más acceso a ese flujo de información sobre las actividades ocultas del poder”

En respuesta a las grandes investigaciones sobre corrupción de la última década, sectores de la sociedad se juntaron, en sintonía con los acusados de esos hechos, para reclamar limitaciones al secreto de fuente, instrumento fundamental para los periodistas.

Hace algo más de una semana más de 1000 periodistas firmaron una solicitada advirtiendo entre otras cosas que los periodistas no tienen “privilegios” y que el periodismo “tiene reglas que cumplir” en cuanto a la relación entre fuentes y el poder.

“No vale todo,” dijeron en la solicitada publicada en Pagina 12, sugiriendo con peligrosa imprecisión que ciertos periodistas se habrían extralimitado. El texto fue firmado por figuras como Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre, Any Ventura, Adrián Paenza y Jorge Rial.

Pocos días después, el abogado Maximiliano Rusconi, que representa al ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez, siguió con un texto en Twitter fortaleciendo esos conceptos.

“¿Porque el derecho a guardar la fuente u otros ámbitos del periodismo no pueden ser reglamentados?”, escribió Rusconi. “La idea de que cierta prerrogativa personal, profesional o institucional es absoluta remite a modelos elitistas, monárquicos, que nada, pero nada, tienen que ver con la República”.

El secreto profesional del periodista fue agregado a la Constitución en la reforma de 1994 por iniciativa del jurista cordobés Antonio María Hernández, que fue vicepresidente de la comisión redactora del documento. Entro en el Artículo 43 y dice: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Argentina, luego de la reforma de hace 26 años, es reconocido mundialmente por tener, en los papeles, una de las más sólidas protecciones constitucionales a la libertad de prensa, superior aún en ese sentido a Estados Unidos, cuya constitución sirvió de inspiración para los fundadores de la República.

“El secreto profesional del periodista fue agregado a la Constitución en la reforma de 1994 por iniciativa del jurista cordobés Antonio María Hernández, que fue vicepresidente de la comisión redactora del documento. Entro en el Artículo 43 y dice: ‘No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística'”

De todos modos, reiterados procesamientos penales de periodistas, y nuevas propuestas para “reglamentar” el secreto de las fuentes, combinados con la difusión de la teoría conspirativa del law fare por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, han puesto en duda la efectividad del mandato constitucional argentino.

Hernández, consultado para esta nota, afirmó que la realidad es que “debe consolidarse una jurisprudencia que respete escrupulosamente la garantía del Artículo 43 que se prohíbe que se afecte el secreto profesional periodístico”, siempre tomando en cuenta su parte en el rol especial que tiene la libertad de prensa en la Constitución.

“Todo intento de criminalizar la actividad periodística es un ataque a la libertad de prensa, que afecta al artículo 43 y a los otros artículos constitucionales que han garantizado dicha libertad, como preferida y esencial para la filosofía democrática, republicana y liberal de la Constitución Nacional”, dijo Hernández.

Tanto Rusconi como los periodistas que firmaron la solicitada afirman su respeto por la libertad de expresión. La cuestión es qué límites quieren poner, y si esos límites hacen derrumbar toda la estructura delicada de la protección a la actividad de los periodistas.

A grandes rasgos, los que reclaman limitaciones lo hacen en base a dos conceptos diferentes: que el periodista no debería tener un privilegio especial por encima de otras personas a la hora de rendir testimonio sobre posibles crímenes, y que la información publicada no debería tener un origen vinculado a un ilícito.

Con relación al primer punto, muchos juristas argentinos han afirmado que el periodista solamente debería ser obligado a revelar la identidad de fuentes anónimas en casos muy excepcionales, como cuestiones de seguridad nacional o para proteger la vida humana de un inminente peligro.

“Más allá del debate sobre el carácter absoluto o relativo de esta garantía, del análisis de nuestra doctrina, resulta evidente que sólo en casos excepcionales, y de manera restrictiva, se puede avanzar sobre dicho secreto en las causas judiciales penales”, señalo Hernández en un Amicus Curiae presentado ante la Cámara Federal de Mar del Plata en la causa contra el periodista Daniel Santoro abierta por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

“Tanto Rusconi como los periodistas que firmaron la solicitada afirman su respeto por la libertad de expresión. La cuestión es qué límites quieren poner, y si esos límites hacen derrumbar toda la estructura delicada de la protección a la actividad de los periodistas”

Raúl Zaffaroni, actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló en aquel mismo sentido durante una conferencia en 2006. “Entiendo que en esto tendríamos que ser estrictos en la observancia y en el respeto al secreto de la fuente periodística, con excepciones sólo de casos muy extraños, donde pueda estar en juego la vida humana, que creo que sería el único”, dijo Zaffaroni.

El Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa de Estados Unidos (CPJ, por sus siglas en inglés) dice que es muy común que los críticos del periodismo afirmen que el periodista se coloque “por encima de la ley” en violación de la idea que todos tienen iguales derechos y obligaciones ante la ley.

“Pero los tribunales siempre han reconocido el concepto de privilegios que permiten a ciertos individuos no dar testimonio basado en un reconocimiento que hay intereses de la sociedad que son superiores a la demanda para evidencias,” señaló el organismo en un escrito.

Agregaron que hace rato que se reconoce la confidencialidad del trato entre los médicos y sus pacientes, abogados y sus clientes y los curas y sus fieles. En el caso de los periodistas, ha sido menos desarrollado, pero existe, dijo el CPJ.

Eso pasa en los Estados Unidos, donde el secreto de las fuentes no tiene protección constitucional, y se desarrolla en base a leyes estatales y jurisprudencia nacional. En Argentina, sí tiene protección constitucional, y Hernández dice que es así porque el secreto de fuentes es una parte integral de la libertad de expresión.

James Goodale, un abogado que ha representado grandes medios de Estados Unidos sobre cuestiones de libertad de expresión, afirmó que obligar a la prensa a dar testimonio sobre todo lo que descubre, lo convertiría en una especie de policía, así limitando su capacidad de desenterrar lo que otros intentan esconder.

“Casi todos los informantes o fuentes de información originales, en cada caso violaron alguna ley o contrato, a sabiendas, pensando que la información que iban a suministrar a los periodistas era de vital importancia para el público”

“La prensa no puede ser brazo de la ley ya que, si fuera así, el público –en nombre de quién actúa– perdería su capacidad para criticar al gobierno y para investigar aquellas cosas mal hechos por el gobierno,” dijo Goodale.

El otro tema que habitualmente cuestionen los críticos de los periodistas que investigan a la corrupción es el origen ilícito de la información. Rusconi afirmó que no se debería publicar información que tiene un origen ilícito, aunque el periodista no haya sido el responsable del ilícito.

Aplicar ese criterio hubiera cerrado el camino a la mayoría de las grandes investigaciones periodísticas de la historia, desde la ayuda provista por la fuente llamada Garganta Profunda en la investigación del Watergate contra el presidente de Estados Unidos. Richard Nixon, las revelaciones de Wikileaks hechas por Julian Assange, la información sobre espionaje ilegal de Edward Snowden y los datos del Panama Papers, manejados por el Consorcio Internacional por Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Casi todos los informantes o fuentes de información originales, en cada caso violaron alguna ley o contrato, a sabiendas, pensando que la información que iban a suministrar a los periodistas era de vital importancia para el público.

Esta cuestión fue analizada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2001, en una causa donde un periodista público una grabación ilegal de una conversación entre el principal negociador del sindicato de educación en Pensilvania, y el presidente del sindicato, sobre la renegociación del acuerdo salarial con la junta de educación local.

En un fallo conocido como Bartnicki vs Vopper, la Corte determinó que el hecho de que la grabación de la conversación fue ilegal, hecho por un tercero y no el periodista, no era impedimento para la publicación de la grabación.

“Uno de los costos asociado con la participación en asuntos públicos es una pérdida de privacidad” dijo en el fallo. Agregó que era así porque el interés público del contenido era más importante que los intereses de privacidad de las personas involucradas.

Fernando Ruiz, presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, en una reciente participación en una sesión de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, señaló que se intenta usar la acusación de law fare –una supuesta asociación ilícita entre periodistas y miembros de la justicia– para no responder a la sustancia de las investigaciones sobre corrupción.

“Es más fácil denunciar law fare que dar esas explicaciones”, dijo Ruiz. “En todo el país está ocurriendo que los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan. Esto nos hace pensar que son los aciertos de estos periodistas, y no sus eventuales errores, los que provocan la persecución que están sufriendo”.

“We the People (Nosotros, el pueblo)”, en el caso de Estados Unidos, y “Nosotros, los representantes del pueblo”, en el caso de Argentina: así arrancan los textos constitucionales de cada país, que luego definen como cada pueblo quiere ser gobernado para asegurar las bendiciones de la libertad.

Con relación a la prensa, el pueblo de Estados Unidos desde el arranque de la república le avisa al Congreso, que hay ciertas cosas que no se deben tocar. El pueblo le dice al Congreso, en forma tajante, que, “El Congreso no hará ley… que coarte la libertad de expresión o de la prensa”.

En el caso de Argentina, desde 1853 en adelante la Constitución establece que “los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ………… de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, entre otros derechos fundamentales.

Hernández, al argumentar hace 26 años para la inclusión del secreto de fuentes en la Constitución, rindió homenaje a Mariano Moreno.

“No fue por casualidad que el doctor Mariano Moreno defendiese al mismo tiempo la idea de la organización constitucional de la República y la libertad de prensa”, dijo Hernández. “Por ello, la frase que simboliza el pensamiento del numen inmortal de la Revolución de Mayo es precisamente esta con la que quiero terminar mis palabras: ‘Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila’”.


John Reichertz es periodista, fue director de la agencia Reuters en Buenos Aires y es miembro del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). La versión original de este artículo se publicó en Clarín y está disponible aquí.