Medios 14/03/2020

El acoso judicial al periodismo puede tener un efecto inhibitorio y afectar el derecho a la información

Así lo advierten la ONG global Media Legal Defence Initiative y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en un amicus curiae presentado ante la Cámara Federal de Mar del Plata en el caso del periodista Daniel Santoro

El acoso judicial al periodismo puede tener un efecto inhibitorio y afectar el derecho a la información

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La organización internacional Media Legal Defence Initiative (MLDI), con sede en Londres, y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentaron esta semana ante la Cámara Federal de Mar del Plata un amicus curiae en el caso en el que se encuentra procesado el periodista Daniel Santoro. El escrito detalla decenas de casos de acoso judicial en el mundo, que se asimilan a la situación que atraviesa Santoro en la Argentina (desde Snowden hasta Panama Papers, y con especial énfasis en la persecución contra el periodismo encarada por varios gobiernos latinoamericanos).

“Criminalizar la actividad periodística en el contexto de investigaciones de corrupción puede demostrar un interés claro de parte de las autoridades de controlar dicha actividad y prevenir la exposición de la verdad”, advirtieron las entidades. [Tal vez te interese el ebook Medios, corrupción y política : Mapa de situación judicial de los titulares de medios detenidos, condenados, procesados, investigados o denunciados, #TMTlibros, 2019].

El escrito, que lleva las firmas de Alinda Vermeer -directora encargada de MLDI- y Fernando Ruiz -presidente de Fopea-, está estructurado en los siguientes subtítulos: la situación de periodistas cubriendo corrupción en Argentina y las Américas; la reportería, incluso a partir de la comunicación cercana con fuentes, es un componente esencial del periodismo investigativo; las interferencias con el periodismo sobre asuntos de interés público deben estar sujetas al escrutinio más estricto; imponer una sanción criminal respecto a actos de recolección de información pueden tener un efecto inhibitorio.

En los casos citados como referencias positivas, las entidades destacan que los jueces diferenciaron “la conducta de la fuente” respecto de “la motivación y conducta del periodista cuando este está llevando a cabo un trabajo de investigación legítima para reportar sobre corrupción”. [Tal vez te interese Santoro es el mensaje]

Este punto es especialmente relevante porque, cuando se acosa judicialmente al periodismo -como ha ocurrido en la Argentina en muchos momentos de la historia, pero especialmente desde la consolidación del periodismo de investigación tras el retorno de la democracia-, se corre el riesgo de generar lo que el escrito denomina “efecto inhibitorio” que termina afectando no sólo la libertad de expresión sino también el derecho de las sociedades a estar informadas de lo público.

En ese aspecto, el texto concluye:

El miedo y la inseguridad que surgen por la amenaza o potencialidad de un procesamiento criminal pueden tener un efecto inhibitorio sobre los periodistas. Este efecto inhibitorio puede interferir no solo con el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, si no que también sobre el derecho de la potencial audiencia a recibir la información que habría sido publicada.

Es fundamental que la Cámara balancee la protección acentuada de los periodistas que realizan reportajes sobre asuntos de interés público contra la supuesta acción criminal identificada por el juez de primera instancia. Las intervinientes consideran que el estudio más cuidadoso es llamado a aplicar cuando las medidas o sanciones son capaces de desincentivar la participación de la prensa en debates sobre asuntos de interés público legítimo.

Las intervinientes consideran que las sanciones criminales en casos de libertad de expresión son rara vez proporcionales y son usualmente innecesarias pues rara vez son el medio efectivo con menos capacidad restrictiva para lograr el objetivo legítimo perseguido. Criminalizar la actividad periodística en el contexto de investigaciones de corrupción puede demostrar un interés claro de parte de las autoridades de controlar dicha actividad y prevenir la exposición de la verdad. Las sanciones criminales, en cualquier forma que vengan, invariablemente imponen una carga onerosa en los periodistas que simplemente intentan hacer su trabajo.

Incluso cuando estas medidas no son aplicadas, el problema del efecto inhibitorio permanece.

El escrito completo, aquí:

Amicus-Curiae-en-defensa-de-Daniel-Santoro