Medios 03/02/2018

Silvana Giudici: “El DNU que cambió la ley de medios fue una decisión muy valiente del presidente Macri”

Por José Crettaz

La directora del Enacom destacó los avances en la elaboración de una nueva ley de comunicaciones y afirmó que esa norma incorporará la agenda digital

Silvana Giudici, cuando aún era diputada por la Unión Cívica Radical (UCR), fue casi una voz solitaria contra la ley de servicios de comunicación audiovisual que el kirchnerismo logró aprobar en 2009. Por ese posicionamiento fue denostada desde 678 y la maquinaria propagandística oficial como la “diputada de Clarín”. En aquellos tiempos, además de la ley audiovisual, abrazó la agenda de las políticas públicas en comunicaciones -libertad de expresión, medios públicos, acceso a la información pública y distribución de la pauta oficial- que continuó desarrollando tras su salto al PRO en el gobierno porteño (que dictó en 2013 un decreto para garantizar la libertad de expresión y proteger a las empresas radicadas en la ciudad que fuesen perseguidas por el gobierno federal).

Tras el triunfo de Cambiemos en 2015, el presidente Mauricio Macri la designó como directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) -ente del que actúa como vicepresidenta- y le encargó la presidencia de una comisión que redacte un anteproyecto de ley que reforme, actualice y unifique las leyes de medios de 2009 y de telecomunicaciones de 2014. En paralelo, Giudici es una de las principales asesoras del jefe de gabinete, Marcos Peña, en la agenda de la libertad de expresión. Mantuvo una relación tirante con altos funcionarios de perfil técnico que provienen del ámbito de las telecomunicaciones, con los que debe acordar lineamientos básicos del proyecto que Macri enviará al Congreso para cerrar la vieja discusión audiovisual y abrir un nuevo horizonte de regulación de la vida digital. En #TMTconversaciones, actualizamos esta agenda y conversamos sobre el presente y el futuro de los medios.

-Finalmente hay un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes…

-Hay un documento preliminar ya a disposición como había surgido de todo este año y medio de trabajo que se hizo en la comisión. Muchos de los participantes habían pedido poder conocer este documento preliminar antes de que el ministerio lo enviara al presidente de la Nación. Y así se hizo, se puso a disposición todos los documentos, más toda la base documental que es enorme. Hay aportes muy importantes y documentos muy interesantes para repasar y leer para todos los que están interesados del sector. Todo eso está en la página web del Enacom y le da un punto de partida muy interesante para la última etapa de la redacción de este proyecto.

“Soy muy enfática en defender el DNU [267/2015] vino a subsanar caprichos de la ley audiovisual. Ese DNU fue una decisión muy valiente del presidente Macri que corrigió con un instrumento que fue validado por el Congreso Nacional [aprobado por la Cámara de Diputados]. Fue un cambio de política que dijo: primero, se termina el conflicto con los medios de comunicación”

-Repasemos, en diciembre de 2015 se crea la comisión, ¿cuánta gente pasó, cuántas páginas tiene la documentación, qué otras actividades se hicieron?

-La comisión recibió a representantes de 78 organizaciones en reuniones que se hicieron cada 15 días. Cámaras, sindicatos, asociaciones de actores, directores, locutores, sociedades colectivas de gestión de derechos… Organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles o la Defensoría del Público.

Recibimos a 78 organizaciones y 80 aportes porque otras dos hicieron su aporte por escrito. Se hicieron cinco debates federales en distintas universidades públicas del país y dos seminarios internacionales, y una consulta pública por Internet que recibió más de 700 aportes.

Toda esa base documental se analizó y se trabajó en un año y medio en la redacción de estos documentos preliminares que están siendo publicados para poder conocer la opinión y hacer un segundo debate porque a partir de la incorporación del Enacom al ámbito del Ministerio de Modernización se le da una mirada profunda al tema de la conectividad y la agenda digital. El ministro [Andrés] Ibarra, que lleva a adelante los programas de conectividad de nuestro gobierno, decidió tomar esta base de trabajo como insumo para incorporar en el anteproyecto definitivo un capítulo importante sobre agenda digital.

Para que tengamos claro, agenda digital refiere al proceso que están teniendo todos los países del mundo donde se está integrando la conectividad y las herramientas de gobierno abierto, modernización del Estado y trámites a distancia con las comunicaciones y el sector de Internet. Esta es una muy buena oportunidad para Argentina para poder discutir en el ámbito parlamentario también estos temas que son de últimisima generación.

-Hay un anteproyecto que tiene un núcleo de derechos, un capítulo de contenidos audiovisuales, otro de comunicaciones electrónicas y eso va a incorporar otro de agenda digital, ¿es así?

-Sí, tenemos dos documentos preliminares. Uno de ellos es sobre medios públicos, porque recordemos que la decisión del presidente Macri al unificar los organismos de control, el Afsca y la Aftic, modifica la ley de medios (26.522) y crea la comisión para unificarla con la ley 27.078 (Argentina Digital). La ley de medios tiene un capítulo de medios públicos y entonces la comisión decidió dividir estos documentos, uno sobre medios, y el otro sobre comunicaciones convergentes.

Entonces, primero es muy importante entender que todo lo que regula la radiodifusión tiene que tener una mirada profunda sobre pluralidad de voces y libertad de expresión y por eso tiene esta dimensión tan importante de valores, derechos y garantías constitucionales a preservar. En segundo lugar, las comunicaciones electrónicas en sí mismo, todo lo que significa infraestructura, compartición de esa infraestructura y nuevas tecnologías. Y por último, las comunicaciones específicamente audiovisuales, todo lo que era el viejo contexto de la radiodifusión aggiornado a las nuevas tecnologías. Ya no podemos pensar como en los años 50 en una radiodifusión únicamente unilateral sino que la diversidad de Internet y la multiplicidad de plataformas hace necesario trabajar mucho más profundamente con las plataformas audiovisuales sobre todo cuando se relacionan con la infraestructura, las telecomunicaciones y los servicios digitales.

Por eso esta mirada y la decisión del ministro Ibarra de firmar una resolución para generar una nueva consulta por Internet que se está terminando de definir en el ámbito del ministerio en el área de Rudy Borman [ subsecretario de Innovación Pública del Ministerio de Modernización] que es donde se elaboran las consultas públicas. A partir de ese trabajo se tendrá un nuevo documento que el ministro elevará al presidente, que definirá luego cuándo lo envía al Congreso.

Pero el debate parlamentario es muy importante, siempre lo dijimos. La comisión redactora estaba conformada por algunos funcionarios del gobierno y también por algunos especialistas independientes, Andrés Gil Domínguez y Santiago Kovadloff.  Y luego de esa tarea vendría el trabajo técnico dentro de las áreas del gobierno y estamos en ese camino. Con un aporte muy valioso que tiene que ver con la experiencia de las áreas de Modernización y del Enacom, que tuvimos estos dos años trabajando en la conectividad de todo el país.

El Enacom dispone de los recursos del Fondo de Servicio Universal que hasta el 2015 estaban inactivos, ni se usaban para su finalidad ni generaban intereses.

“En la comisión redactora recibimos a 78 organizaciones y 80 aportes porque otras dos hicieron su aporte por escrito. Se hicieron cinco debates federales en distintas universidades públicas del país y dos seminarios internacionales, y una consulta pública por Internet que recibió más de 700 aportes”

-Acá hay dos cosas, una por el lado de la regulación y la ley, y otra por la realidad urgente de la Argentina de los últimos 10 años que no está comunicada. Sobre la urgencia, ¿qué se está haciendo?

-Inexplicable que no se haya invertido en infraestructura, y tuviéramos tarifas del primer mundo con servicios muy malos. Entonces, cuando el presidente Mauricio Macri fija como objetivo que ningún argentino carezca de banda ancha no importa el lugar donde vida y el Ministerio de Modernización comenzó con su estrategia de País Digital a conectar municipios, esto se aceleró tremendamente. Por eso, la importancia de haber unificado las áreas de control y de gestión del Enacom con el ámbito de Modernización porque a partir de allí integramos todos los programas.

Por eso, estamos usando el Fondo de Servicio Universal [que se nutre del 1% de la facturación bruta de los operadores telefónicos privatizados] para su finalidad que es conectar los lugares donde las empresas no llegaran. Hubo décadas de inacción y de falta de control. Se tomaron de este fondo recursos para tres programas. El primero es iluminar la Red Federal de Fibra Óptica tendida por el ex Ministerio de Planificación que no estaba funcionando. Ahora con estos recursos y a través de Arsat pudimos conectar más de 100 nodos en todo el país, y la idea es que 1300 localidades de todo el país tengan Internet de banda ancha a través de la red federal, para esto ya se destinaron más de 4000 millones de pesos. El segundo programa incluye 60 millones de pesos destinados a Educar para que 46.000 establecimientos educativos puedan tener Internet en todo el país. Y el tercero, que a nosotros nos entusiasma mucho y que es una herramienta novedoso, son fondos no reembolsables para cooperativas para que en pequeñas localidades puedan tender Internet de última milla.  A través de estos tres programas, junto al resto del los programas que a partir de País Digital, como wifi en lugares públicos, generó un impulso muy grande a la infraestructura de conectividad. Infraestructura pública y también privada, a través de estos microemprendimientos y con la regulación del sector que es lo que aspiramos a que de un salto cualitativo.

-El 1° de enero comenzó la convergencia, ¿Qué novedades?

-Las novedades se van a comenzar a ver. Esto es indiscutible. Cuando pensamos en los países donde tienen infraestructura de conectividad fuerte, buenos servicios y multiplicidad de operadores, está claro que las redes de telecomunicaciones transportan servicios audiovisuales. Hoy el debate está puesto en otro lugar, por ejemplo, en la neutralidad de red.

En la Argentina hacía falta tener esta visión integradora que es la que propone el Presidente cuando habla de convergencia, ahora no olvidemos que la ley Argentina Digital de 2014 es la que prevé la incorporación de las telefónicas al mundo del audiovisual. A partir de allí tuvimos que trabajar en un esquema que corrija asimetrías y que prevenga determinadas conductas predatorias en el mercado. Ahora hay que tener la mirada muy enfocada en cómo se van a paquetizar esos servicios y que las tarifas tiendan a la baja y por eso vamos a ser muy estrictos.

-Para la convergencia, el gobierno usó instrumentos que fueron cuestionados, como DNU, decretos y resoluciones. ¿Por qué siguió ese camino?

-El mundo de las telecomunicaciones es súper dinámico y en los países desarrollados es un motor de la economía. De lo que se trata aquí es de generar herramientas regulatorias que permitan ingresar nuevos operadores y generar un impulso muy dinámico para que todos los que ya estaban inviertan. Hace falta infraestructura en nuestro país. En la década anterior, no hubo control de las inversiones privadas y hubo una especie de visión subsidiaria donde el Estado hacía toda la inversión, como se vio en la red de fibra, en Arsat y en muchos otros temas. Incluso se pensó en tener un operador minorista de telefonía móvil estatal, algo que no se ve en ningún país

En esa visión, que nos hizo mucho daño porque nos hizo perder 10 años cuando todo el mundo hablaba de convergencia y tenía un dinamismo en el sector privado. En Europa  y España el sector creció a través de estas herramientas regulatorias que no siempre significa tenés que tener una ley sancionada en el Congreso sino que por la dinámica de lo que va pasando en el Congreso tenés que ir ajustando para lograr defensa de la competencia, control de las inversiones y mejor prestaciones.

Soy muy enfática en defender el DNU [267/2015] vino a subsanar caprichos de la ley audiovisual. Ese DNU fue una decisión muy valiente del presidente Macri que corrigió con un instrumento que fue validado por el Congreso Nacional [aprobado por la Cámara de Diputados]. Fue un cambio de política que dijo: primero, se termina el conflicto con los medios de comunicación; aquí el gobierno ya no quiere interferir en la línea editorial de nadie; se fijan condiciones claras de juego y todos tienen que cumplir; segundo, a partir de ese DNU unificó los organismos de control para tener eficiencia administrativa; llegamos a encontrar más de 40.000 reclamos por tipo o categoría de expediente.

Esto se pasa por alto porque se quiere discutir la ley de medios como la discutía el kirchnerismo. Nosotros decimos: miren los efectos de estas decisiones que apuntan a simplificar la ventanilla de entrada de los trámites. No podés pedirle a una empresa que quiere invertir el certificado de vacunas por 400 ventanillas que es lo que pasaba y después tenías un Estado bobo que no controlaba nada, como en la ex Afsca, al que se le pasaban elefantes por la puerta como el vaciamiento de los medios de [Sergio] Szpolski o papeles que nunca habían sido transferidos sin que los funcionarios se dieran cuenta.

Queremos que esta reforma contribuya desde todo punto de vista, a la unificación de las estructuras, simplificar los trámites, optimizar los recursos humanos y presupuestarios y darle agilidad a la inversión y los servicios. Por eso se tomaron distintas medidas regulatorias, que tienen que ver con el decreto 1340/2016 y con distintas resoluciones del Enacom que están pensadas para mejorar la prestación del servicio y para generar control.

Hay un problema que estamos viendo no sólo en la Argentina sino en distintos países que es la pérdida de producción audiovisual nacional en función de las grandes plataformas con series con mucho rating. En todos los países, Brasil, Colombia, Francia y toda Europa, se discute esto y también en el Enacom estamos tomando medidas que tienen que ver con la protección de la industria audiovisual. Por ejemplo, con la TV abierta que es en la Argentina el principal productor de ficción y contenidos audiovisuales. Entonces, no podemos hacer oídos sordos porque la competencia y la irrupción de Netflix, Amazon y todas las plataformas de streaming generan un impacto enorme en la producción local y eso no puede esperar dos años de discusión en el Congreso para subsanar ese problema en los registros, las cuotas de pantalla y lo que se tiene que gravar. Hay que recordar que por la reforma tributaria se empieza a discutir el gravamen que tienen que pagar estas plataformas que no tributan en la Argentina y le hacen mucho daño a la producción audiovisual pero que tienen más de 800.000 usuarios y no tributan en la Argentina. Por supuesto que es fundamental el debate parlamentario y aspiramos a que eso suceda pero también hay cuestiones que son urgentes.

“En la década anterior, no hubo control de las inversiones privadas y hubo una especie de visión subsidiaria donde el Estado hacía toda la inversión, como se vio en la red de fibra, en Arsat y en muchos otros temas. Incluso se pensó en tener un operador minorista de telefonía móvil estatal, algo que no se ve en ningún país”

-¿En la próxima ley van a continuar los incentivos y habrá novedades en fomento de la producción nacional?

-Tanto de las áreas de Cultura, Medios Públicos y el Enacom, que manejan fondos de fomento, siguen distribuyendo esos recursos. En el Enacom tenemos 65 millones de pesos asignados y ejecutados en gran parte para los medios comunitarios que son muy importantes.

-Crisis de los medios, ¿Qué pasa con los medios que están despidiendo a sus plantillas?

-Nos preocupa mucho. Ni bien constituido el Enacom, el presidente del ente Miguel de Godoy comenzó conversaciones con todos los sectores. En ese momento teníamos el vaciamiento de Radio América, las crisis en Rivadavia y otras emisoras en Buenos Aires y otras ciudades. Y los medios televisivos también.

Los medios que recibían enormes cantidades de fondos por publicidad oficial y sus empleados no cobraban los sueldos, no se les hacían los aportes previsionales, hoy están en una situación desesperante. Desde el primer momento empezamos a mirar qué pasaba con esos expedientes.

Eso sucede en gran parte de los medios. El caso más grave de este momento es el de C5N y la falta de pago de los sueldos. Tenemos que pensar cuál es la respuesta que hay que dar como Estado. Para mi, primero por el lado del derecho laboral porque es gente que no puede quedarse sin cobrar lo que le corresponda cobrar y preservar la fuente laboral generando nuevos medios. Pensemos que hay radios en crisis, como Rivadavia, que tienen operadores y trabajadores de prensa que hace 30 años que conocen el oficio y no se puede prescindir de ellos. Por eso, hay que generar puestos de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con estos medios? No sólo se robaron la plata, como en el caso de Cristóbal López que se quedó con 8000 millones de pesos de impuestos, sino que tienen activos que están judicializados pero que son indisponibles.

“¿Qué hacemos con los medios que recibían millones de pauta oficial? ¿A quién hay que cobrarle esta transición? ¿A quién hay que reclamarle el pago de los sueldos, los impuestos y los aportes patronales? A esta gente que, aunque esté presa, aún tiene liquidez como para mantener sus negocios, a ellos hay que cobrarles”

Entonces, ¿a quién hay que cobrarle esta transición? ¿A quién hay que reclamarle el pago de los sueldos, los impuestos y los aportes patronales? A esta gente que, aunque esté presa, aún tiene liquidez como para mantener sus negocios. Eso es una primera enseñanza que nos quedó de esta década. Desde muy temprano, cuando se discutía la ley de medios, yo venía advirtiendo este traspaso de favores del gobierno de Kirchner a través de De Vido y otros operadores para generar empresarios de medios ricos a través de la pauta que repitieran el relato y garantizaran cierta perpetuación del poder. Gracias a Dios eso no pasó, la gente decidió un cambio y a partir de ahora se trata de generar multiplicidad de voces, garantizar esa diversidad de voces y también poner a los medios audiovisuales en un esquema de competencia y productividad para poder volver a ser lo que éramos en Argentina, un gran exportador de contenido audiovisual.

-¿Hay que reducir la cantidad de dinero que el Estado invierte en publicidad oficial?

-Ya se redujo muchísimo y estoy muy contenta de esa reducción, sobre todo en la Anses. Pensemos que la Anses, el organismo que tenía que velar por los derechos sociales y de los jubilados, gastaba 500 millones de pesos en publicidad oficial por año. Eso se redujo drásticamente. La publicidad oficial es para informar actos públicos o temas de interés público, no es para financiar campañas ni para generar propaganda de los funcionarios. Esa racionalidad del gasto me parece muy importante.

Por otro lado se transparentó la inversión, hoy se puede ver en la página de jefatura de gabinete con los datos al día. Y no sólo hay que reducirla, sino que tenemos que tener una ley. El secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, dictó una resolución que reglamentó el reparto y el Senado le dio media sanción como ley. Esperemos que se pueda discutir en Diputados. Es importante que el gobierno que logró dicta la ley de acceso a la información pública que fue una deuda de la democracia, pueda completar esta agenda con la ley de publicidad oficial.