Medios 26/10/2017

Julio de Vido, el ministro de las comunicaciones, los medios y la cultura

Por José Crettaz

El detenido ex ministro y actual diputado kirchnerista administró miles de millones de pesos en estos ámbitos donde, más allá de la corrupción, reinó una inoperancia que dejó al país con déficit de conectividad y una industria audiovisual muy deteriorada

Buena parte de la comunidad artística argentina debería salir a defender a su mayor mecenas: el arquitecto Julio Miguel De Vido. El súperministro del kirchnerismo, además de ministro de Planificación Federal, Servicios Públicos e Inversiones, fue también el principal funcionario en el área de las comunicaciones -el atraso actual en la disponibilidad de redes fijas y móviles se debe mayormente a su gestión-, de los medios -parte de la ingeniería con la que se buscó la destrucción de emisores privados estuvo a su cargo- y de la cultura -que tuvo un presupuesto similar o mayor que a la cartera específica, su hermana menor los últimos 12 años-.

Pero ninguno de los artistas, guionistas, directores y productores (ni los que que se enriquecieron ni los que simplemente pagaron las cuentas con holgura durante algún tiempo), salieron a defender al diputado caído en desgracia. Sólo algunos periodistas también beneficiados de manera personal hicieron algún equilibrio estos días. La corrupción es tan evidente y las pruebas están tan a mano que es difícil sostener en alto la bandera de la persecución política, único argumento de defensa que le queda al kirchnerismo.

“La corrupción es tan evidente y las pruebas están tan a mano que es difícil sostener en alto la bandera de la persecución política, único argumento de defensa que le queda al kirchnerismo”

Si bien las peores denuncias que pesan sobre el ministro vienen por el lado del transporte -que tiene al ex secretario del área Ricardo Jaime preso hace ya varios meses-, de la obra pública -que tiene a  otro ex secretario José López también detenido- y de la energía -donde los ex funcionarios por ahora vienen zafando-, las comunicaciones no estuvieron al margen de la mecánica coimera (sería la excepción a la regla). Por eso, en estos ámbitos también hay mucha gente nerviosa. Algunos de ellos no se pusieron nerviosos en los últimos días: siempre lo estuvieron. El secretario de Comunicaciones durante la mayor parte del mandato de De Vido, Carlos Lisandro Salas, prácticamente no firmó resoluciones durante su gestión para evitar dejar su estampa en documentos que luego pudieran servir como prueba. Algo ya sabía. Igual, no se salvó del procesamiento: en 2018 el juez federal Claudio Bonadío lo procesó en una denuncia presentada por Cablevisión/Grupo Clarín.

Las comunicaciones

A cargo de De Vido estuvo durante diez años la ex secretaría de Comunicaciones (Secom) -primero en manos de Guillermo Moreno y luego del ya mencionado Salas, hasta que La Cámpora tomó posición con Norberto Berner en 2013- y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) -a cuyo frente estuvo hasta su desaparición como organismo, Ceferino Alberto Namuncurá-. Moreno, Salas, Namuncurá y Berner, entre otros a los que hay que sumar a Martín Sabbatella y sus laderos de la ex Afsca, están procesados en distintas causas iniciadas por el grupo Clarín y sus empresas durante la guerra a la que fue sometido por el gobierno kirchnerista.

Durante la administración de De Vido, hubo dos licitaciones de espectro fallidas, lo que terminó desembocando en los recordados apagones celulares de 2012 y 2013, originados en la saturación de las redes 3G y la demora en la asignación de frecuencias para 4G. Es decir: en la falta de licitación o subasta de espectro. En 2011, la explicación para dejar sin efecto la licitación fue insólita: De Vido en persona argumentó la supuesta inestabilidad del precio de las acciones y la evolución de las deudas corporativas de algunos de los participantes del proceso. De Vido fue siempre muy provinciano en sus explicaciones técnicas. Y el que lo afirma sabe de qué habla porque también es provinciano.

El sistema de comunicaciones móviles operó desde aquel entonces y durante una década con menos espectro porque, tras la fusión de Movicom con Unifón que dio lugar en 2004  a Movistar, la empresa resultante debió devolver frecuencias, lo que terminó empeorando la situación en un contexto de creciente y acelerada demanda de transmisión de datos. Dos años después, en 2006 se produjo la fusión Cablevisión-Multicanal, pero por tratarse de un ámbito no regulado ni comprendido hasta entonces en las telecomunicaciones, no pasó por el escritorio de De Vido y sí por el de Moreno (en rigor, hasta la ruptura total en 2008, la relación del gobierno con los principales medios de comunicación estuvo a cargo del jefe de gabinete Alberto Fernández, que ocupó simultáneamente la silla de director de la empresa Papel Prensa en representación del Estado nacional, accionista de esa fábrica de papel para diarios).

También pasó por el escritorio de Moreno, pero con intervención de la Secom, de la CNC y del propio De Vido, el ingreso de Telefónica de España en el accionariado Telecom Argentina a través del consorcio europeo Teco, que a su vez controló durante algún tiempo Telecom Italia, principal accionista de su homónima argentina. Tras varios años de puja, en la que el kirchnerismo intentó “argentinizar” la empresa -lo que por aquellos tiempos significó regalársela a empresarios amigos del matrimonio gobernante- en 2010 se firmó la paz con el compromiso de Telefónica de no participar en las decisiones del controlante de su competidor en el país.  Ese año, dos semanas antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, hubo un acto en la Casa Rosada en el que se anunció el “acuerdo antimonopolio” -así se lo llamó-: participaron los presidentes de Telefónica de Argentina, Luis Blasco, de Telecom Italia, Franco Bernabé, y los ministros De Vido y, de Economía, Amado Boudou. El que suscribe lo presenció sentado desde la segunda fila de uno de los salones de conferencias de la Casa de Gobierno.

“Si hubo corrupción, tendrá que determinarlo la Justicia (algún día esa frase significará algo concreto). Lo que está claramente confirmado es que hubo mucha negligencia”

Si hubo corrupción, tendrá que determinarlo la Justicia (ojalá que algún día esa frase signifique algo concreto en la Argentina, donde las prisiones preventivas se conviertan a través de juicios orales y públicos en condenas efectivas o absoluciones, según lo corresponda). Lo que está claramente confirmado es que hubo mucha negligencia. Varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de los que fueron aprobados por su directorio y publicados en su página web, confirman esa impericia y señalan múltiples irregularidades.

Según la AGN, entre 2007 y 2014, Planificación Federal tuvo a disposición unos 1800 millones de pesos  del Fondo de Servicio Universal -que se nutre del 1% de la facturación bruta de las telefónicas para financiar la universalización del acceso a las comunicaciones-, pero sólo utilizó $32 millones. La AGN determinó que sólo el 33% de las empresas aportó lo que debía por la falta de control del gobierno kirchnerista y sólo se ejecutó parcialmente uno de los tres programas previstos y que buscó dar Internet a escuelas. 

De Vido tuvo a su cargo también la empresa Arsat y el Plan Nacional Argentina Conectada, que incluyó un ambicioso proyecto de despliegue de fibra óptica. El análisis de la AGN sobre algunos de estos proyectos también fue lapidario. El organismo de control señaló inconsistencias entre el número de equipos comprados y los efectivamente instalados, demoras no justificadas en las obras realizadas en Chaco y Formosa, falta de coordinación entre las distintas áreas intervinientes, y debilidad y falta de transparencia en los controles que debían realizarse sobre la distribución de decodificadores entre jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Pero una de las genialidades que se recuerdan del ministerio de De Vido en comunicaciones fue la caducidad de la licencia para que Cablevisión-Fibertel pudiera dar Internet, ordenada por él mismo en medio de la pelea judicial derivada de la aprobación en 2009 de la ley de medios audiovisuales. “Fibertel no existe más”, dijo en conferencia de prensa en agosto de 2013 v. Fibertel era entonces la principal y más eficiente red fija de acceso a Internet residencial. El gobierno pretendió migrar a sus clientes a “otros proveedores” y publicó varios listados de oferentes alternativos hasta que descubrió que la mayoría de ellos no brindaba en servicio. Un año después de aquel anuncio, Cablevisión/Fibertel -que judicializó la resolución ministerial- había aumentado su número de clientes. Algunos todavía nos estamos riendo de aquella genialidad.

Los medios

En 2009, justo cuando se trataba en el Congreso el proyecto de ley de medios, la presidenta Cristina Kirchner puso en marcha por decreto el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA), como se denomina hasta hoy la plataforma estatal de emisión de la TDT. Básicamente se trata de la instalación de decenas de plantas de transmisión de TV abierta digital en todo el país y la vinculación de esas estaciones con el centro de control de Arsat a través del satélite o de la fibra óptica. El objetivo no declarado de aquel plan fue afectar la actividad de la TV paga por cable, especialmente en las áreas más densamente pobladas donde operan las principales empresas del sector, entre ellas Cablevisión/Grupo Clarín.

La TDA -que apuntó desde el comienzo al público de menores ingresos, al que se tentó además con la gratuidad del “Fútbol para Todos” en HD- reservó su grilla para muchos de los medios que fueron creados artificialmente con la pauta oficial: CN23 (la señal de noticias de Sergio Bartolomé Szpolski comprada a principios de 2016 por Cristóbal López y devenida ahora en un canal que vende sus horarios a quien quiera tener su programa), C5N (el canal de TV fundado por Daniel Hadad y comprado en 2012 por el mismo López), 360 TV (el canal de los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, creado por los ex Telefe Claudio Villarruel y Bernarda Llorente -ella, además, esposa de Jorge Taiana-), y Telesur (la señal de noticias multiestatal que devino en canal de propaganda chavista con sede en Caracas), entre otros.

“Varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de los que fueron aprobados por su directorio y publicados en su página web, confirman esa impericia y señalan múltiples irregularidades”

En un informe de 2014, la AGN -presidida entonces por el radical Leandro Despouy- había listado una larga serie de irregularidades en la construcción de las plantas transmisoras y en la compra y distribución de los decodificadores necesarios para recibir la señal -que en teoría se repartieron entre jubilados y beneficiarios de planes sociales-. La AGN advirtió también sobre los manejos del Consejo Asesor del Sistema Argentina de la Televisión Digital Terrestre, cuyo coordinador fue todo ese tiempo el barilochense Osvaldo Nemirovsci, e integrado por el hermano del ministro, Hugo De Vido.

La cultura

El hermano del detenido ex ministro -que hasta 2015 también supo trabajar a las órdenes del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao- también fue señalado como propietario o empleado jerárquico de una productora que fue muy beneficiada por los planes de fomento de contenidos para la TV digital, al que se destinaron entre 200 millones y 500 millones de pesos anuales que salieron del presupuesto administrado por De Vido. Una investigación que publicamos en La Nación, basada en los datos publicados por CDA.gob.ar (también conocido como Bacua, Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino), el Netflix que creó De Vido para dar visibilidad a esas ficciones y documentales, identificó las productoras más beneficiadas. Un dato de color: el Bacua y otras áreas de contenidos dependientes de De Vido funcionaron siempre en el edificio de la empresa Fabricaciones Militares, que estuvo en la órbita de Planificación Federal hasta 2013, cuando volvió al Ministerio de Defensa. Los fierros de la guerra contra los medios estaban metafóricamente donde debían estar.

“Varias áreas de contenidos dependientes de De Vido funcionaron en el edificio de la empresa Fabricaciones Militares, que estuvo en la órbita de Planificación Federal hasta 2013, cuando volvió al Ministerio de Defensa. Los fierros de la guerra contra los medios estaban metafóricamente donde debían estar”

Cuando se publicó aquella nota sobre los beneficiarios de los subsidios (lamentablemente De Vido no se caracterizó por facilitar el acceso a la información y no pudimos saber cuánto dinero fue a cada ficción), varias entidades de actores y autores, incluso varios artistas individualmente, repudiaron su difusión. Hoy, con el mecenas encarcelado, no se escucha ninguna de esas voces.

Pero el ministerio de cultura paralelo que administró De Vido no quedó ahí. El ex ministro ahora detenido lanzó el programa Igualdad Cultural mediante el cual contrató a músicos para actuar en recitales gratuitos realizados en distintos lugares del país; construyó y equipó el parque temático Tecnópolis -en torno del cual también hay decenas de causas judiciales que involucran a distintos funcionarios, entre ellos al organizador de eventos Javier Grosman, que tenía su oficina en el parque-; y también condujo la millonaria obra del Centro Cultural Kirchner, al que también debió equipar (tema que siguió en detalle el fallecido periodista José María Stella en el recordado blog que gestionó junto a su colega Ignacio Montes de Oca, eliminandovariables.com).

Aunque probablemente pululó en toda la estructura del megaministerio que lideró De Vido, la alta corrupción parece haberse concentrado en algunos campos que no incluyen a priori las comunicaciones, los medios y la cultura. Lo que sí hubo en estos campos alta negligencia. Y su ineficiencia derivada nos terminó dejando con deficiente infraestructura de comunicaciones y una industria audiovisual y cultural severamente dañada.