Tecnología 18/08/2019

Exponencial crecimiento de la pornografía infantil en la Argentina

Por Roberto H. Iglesias

Según datos revelados por el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, pasaron de 21 reportes en 2013 a 46.679 en 2018; cómo se combaten estos delitos aberrantes en Internet

Exponencial crecimiento de la pornografía infantil en la Argentina

Argentina es uno de los países en el mundo con mayor circulación de pornografía infantil a través de la web, habiéndose registrado un aumento notable en los últimos años. Así lo reveló un informe del recientemente creado Observatorio de la Vulnerabilidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (UA), de Buenos Aires. El observatorio, dirigido por Verónica Toller, señala que esa información proviene del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), un organismo técnico del Ministerio Fiscal de Ciudad de Buenos Aires.

La persecución de los delitos que integran redes globales (narcotráfico, terrorismo, trata de personas) requiere consecuentemente la cooperación internacional. Mucho más cuando esos crímenes se cometen a través de Internet, un sistema interconectado que tampoco reconoce fronteras.

De acuerdo con el informe de la UA, la gran mayoría de las investigaciones que se inicia sobre pornografía infantil en la Argentina por parte del CIJ comienzan por denuncias que llegan de una ONG de los Estados Unidos, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, según sus siglas en inglés).

Este organismo, a su vez, tiene convenios con Facebook, Twitter, Instagram, Gmail y WhatsApp quienes pueden detectar contenidos sospechosos de pedófila y pornografía infantil y dar aviso al NCMEC.

En efecto, en 2013 el CIJ recibió apenas 21 reportes de delitos sexuales con menores, pero tales reportes llegaron a los 2510 en 2014 y a la impresionante cifra de 46.679 en  2018. Se calcula que 2019 cerrará con un aumento aun mayor al del año inmediatamente anterior.

El reciente caso del arresto del médico pediatra del Hospital Garraham, en la ciudad de Buenos Aires, acusado de producir tales videos con niños y menores pacientes de su conocimiento, así como de distribuirlos, puso nuevamente en el tapete el uso de las redes de computación para este tipo de delitos.

Toller, profesora y periodista que se ha especializado en la temática de la trata de personas, indica que el Observatorio de la Vulnerabilidad fue fundado en febrero de 2019 y tiene como misión trabajar académicamente en la “defensa, comunicación y promoción de los derechos humanos y el desarrollo positivo de las personas y sus familias”. A estos fines, se lleva adelante “el análisis interdisciplinario de las vulnerabilidades, esclavitudes modernas y exclusiones que sufren muchos integrantes hoy, en nuestra sociedad”.

Agrega Toller que el Observatorio busca “facilitar la comprensión y visibilización, y la concientización acerca de las heridas individuales y sociales que provocan, y generar y difundir herramientas útiles para superarlas”.

El CIJ, su labor y la cooperación internacional

El CIJ trabaja también con el departamento de Homeland Security (DHS) de los Estados Unidos, una repartición que reúne varias agencias de seguridad. El DHS incluye a la Oficina de Ciberseguridad y Comunicaciones de la Casa Blanca, que a su vez mantiene un estrecho contacto con la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque la información no lo indica es muy probable que la NSA sea la verdadera suministradora de la información: hace medio siglo que esta agencia supersecreta se dedica a interceptar comunicaciones mundiales que podrían afectar la seguridad de los Estados Unidos, con un régimen jurídico sui generis. Desde la aparición de Internet centró su atención el análisis de tráfico y contenidos de la red.

La información proporcionada por el NCMEC y DHS constituye hasta el 90% de los datos que generan las denuncias e investigaciones del CIJ. Solamente un 10% proviene directamente de usuarios que estiman que sus hijos estarían siendo objeto de abuso, grooming o pornografía infantil.

“Hace falta conocer mucho la lógica de internet”, dice Enrique Del Carril, director del CIJ, abogado especializado en reforma judicial y profesor universitario que dictar materias como filosofía del derecho y argumentación jurídica

Del Carril es descripto por Toller como  “un sabueso, el perro de pesquisa altamente entrenado en delitos informáticos, especializado en prueba digital, capacitado varias veces por año en los avances de internet y de la red oscura”.

El funcionario dirigió la investigación que envuelve al pediatra que se encuentra bajo prisión preventiva imputado de “tenencia con fines de distribución, facilitación y producción” de pornografía infantil.

El CIJ indaga los casos que llevan los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, y efectúa investigaciones en calle y en laboratorio, con áreas especializadas como la Unidad Penal Tributaria, la Unidad de Investigación Tecnológica (para delitos informáticos), el gabinete balístico, gabinetes psiquiátrico y psicológico, Unidad de Apoyo Multimedia en Juicio y otras.

En cuanto a la geolocalización, el CIJ recibe denuncias que involucran a todo el país. La mitad corresponden a provincia de Buenos Aires, un 30% a CABA y el resto, al interior del país.

Los 41 allanamientos relacionados con el caso que desembocó con la detención del pediatra se efectuaron en noviembre pasado y tuvieron lugar en la ciudad y en la Provincia de  Buenos Aires, así como en Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. “En Buenos Aires, la mayor cantidad de casos se detectan en áreas suburbanas”, agrega Del Carril.

Los modus operandi: el delictivo y el del CIJ

Las redes de pornografía infantil, como ocurre con otras actividades delictivas, tienden a usar la denominada “dark web”, también conocida como Internet oscura. Este es el modo de llamar al conjunto de páginas que no sólo no están indexadas por los buscadores convencionales sino que además se ocultan deliberadamente a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles sólo con un navegador especial.

El pediatra detenido, sin embargo, como otros involucrados en estos delitos, usaba aparentemente las redes eMule y la eDonkey, que cayeron en desuso con las redes sociales y con la aparición de sitios como Netflix y Spotify. Como indica Toller.

Redes como eMule y eDonkey generan una combinación en serie de todas las computadoras que se incorporan a  las mismas y comparten todos los archivos entre sí. Si un miembro de la red busca una película o una canción y alguien la tiene el sistema explora todas las computadoras hasta que la encuentra. Cada integrante de estas redes encuentra películas o fotos de otros, y a la vez las suyas están en comunicación con el resto.

Por esta razón se las llama redes P2, peer to peer (par a par o, mejor dicho, punto a punto, porque se establece una conexión directa entre dos máquinas, las que se van identificando usuario a usuario, o IP a  IP). “Son redes caducas para el resto de los usuarios y, por eso mismo, más interesantes para quienes quieren esconderse”, precisa Toller.

En agosto de 2018, el CIJ recibió un aviso de Homeland Security para investigar una serie de 83 posibles objetivos que estarían vinculados a la difusión de nada menos que medio millón de archivos de pornografía infantil. Se trabajó en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Brasil y los agentes del Homeland Security en Argentina. A partir de allí, el laboratorio digital del CIJ identificó a numerosos usuarios. La investigación derivó en las órdenes de allanamiento correspondientes.

Del Carril dice que normalmente, los procedimientos tiene una primera etapa, donde analistas entrenados determinan la gravedad o no de la situación. Se clasifica por prioridades que determinan mayor urgencia, categorías de gravedad en función de los indicios de acceso al niño que tiene la persona investigada.

Así, la prioridad 1 son los casos donde existe alguna prueba de que el menor convive o tienen relación cercana con el abusador, o fotos especialmente crudas, con signos de violencia. Prioridad 2 es cuando las imágenes son todas del mismo niño o niña. Y la prioridad 3 sin los casos de imágenes caseras o no usuales o bien tienen alguna particularidad parecida.

Esto determina urgencias absolutas hasta dar con la persona y lugar donde se está cometiendo el abuso y publicando pornografía infantil. Una vez reunidas las pruebas necesarias, la investigación obra en manos de los fiscales, que solicitan allanamientos, detenciones o elevación a juicio.

Legislación penal vigente y propuesta

El Código Penal vigente (1921) fija penas de hasta 4 años de prisión para quien “produzca, financie, ofrezca, comercie, publique, facilite, divulgue o distribuya por cualquier medio pornografía infantil (con menores de 18 años)”, aunque pena también la mera tenencia de pornografía infantil.

El nuevo proyecto de Código Penal eleva las penas a seis años y, además, sanciona la mera tenencia de pornografía que involucre y afecte a niños, niñas y adolescentes.

El texto tuvo un proceso de elaboración durante casi dos años por una Comisión interdisciplinaria designada por el Presidente. En marzo, el poder ejecutivo elevó al Congreso el texto del Código Penal propuesto, que debe ser ahora analizado y debatido por el parlo.

“Este proyecto propone mayores penas para el grooming, que pueden llegar hasta a 5 años de cárcel, en caso de aprobarse la reforma. Y eleva las penas para la pornografía infantil”, explica Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

“El Código tiene una lógica de proporcionalidad para las penas”, aclara. Por esta razón, “aumentar mucho las penas para un delito como la pornografía infantil rompería esa proporción. Se pueden tomar distintos parámetros, por ejemplo, tener como base la pena para el homicidio, que va de 8 a 25 años de prisión. A partir de ahí, se estructura el resto”.