Medios 30/10/2017

El discurso que durante diez años frenó el desarrollo de las comunicaciones

Por José Crettaz

De manera trabajosa, la Argentina va saliendo de una larga década perdida en el ámbito de la conectividad

El discurso que durante diez años frenó el desarrollo de las comunicaciones

En 1983, en su libro Tecnologías de Libertad, el cientista político Ithiel de Sola Pool acuñó el término convergencia y dio una primera definición. “Un proceso llamado convergencia de modos está difuminando las líneas entre el correo, el teléfono y el telégrafo, y la comunicación masiva, como la prensa, la radio y la televisión”. Y agregaba: “Un medio físico unificado (cables u ondas radioeléctricas) puede conducir servicios que en el pasado eran característicos de una modalidad (radiodifusión, prensa o telefonía) para ser ahora suministrado en diferentes modos físicos. De esta manera la relación que solía existir entre un medio y su uso está desapareciendo”. Desde entonces el concepto de convergencia fue analizado desde múltiples perspectivas y disciplinas, y se fue expandiendo y adquiriendo mayor complejidad. Y, desde luego, supera la mera cuestión tecnológica como ya planteó Henry Jenkins en su clásico Convergencia Cultural.

En la Argentina la palabra convergencia empieza a imponerse y aunque pueden hacerse distintas interpretaciones, básicamente se habla aquí de la eliminación de las barreras regulatorias que mantenían artificialmente dividido lo que la tecnología ya había unido, como bien señalaba De Sola Pool. Estados Unidos tiene un mercado convergente desde 1996 igual que Chile, el país de la región más adelantado en la materia. Brasil y México llegaron más tarde, respectivamente en 2011 y 2013, pero ya llevan en este proceso varios años de ventaja sobre la Argentina, que tras años de parálisis y guerras mediáticas y económicas podría empezar a recuperar terreno, lo que aún está por verse (los casos mencionados están detallados en este trabajo de Roberto H. Iglesias).

Después de casi 20 años, el mercado de las comunicaciones se mueve en la Argentina, y lo hace en la misma dirección en la que lo viene haciendo el mundo desde el siglo pasado. Se desplazan las placas tectónicas que estuvieron dormidas durante décadas para beneficio económico y político de pocos, y para perjuicio de la gran mayoría de los habitantes, que sufren un deterioro de antiguos servicios (como el telefónico) y aún carecen de una buena oferta en los nuevos, como el acceso a Internet fija y móvil de alta velocidad. El beneficio económico de algunos consistió en el descreme de servicios no regulados y el beneficio político fue la influencia -concreta o pretendida- en la agenda de los contenidos de los medios. El tiempo pasado y las situaciones anómalas que se fueron cristalizando hacen que esos desplazamientos tengan ahora complejidades específicas.

“Parte de la responsabilidad de la mala calidad de las comunicaciones interpersonales -sobre redes telefónicas y de Internet- y del escaso desarrollo (o la dependencia estatal, que es lo mismo) de la producción de contenidos la tienen quienes lograron hegemonizar el discurso público con conceptos, esquemas y paradigmas del siglo pasado -o del anterior-“

Parte de la responsabilidad de la mala calidad de las comunicaciones interpersonales -sobre redes telefónicas y de Internet- y del escaso desarrollo (o la dependencia estatal, que es lo mismo) de la producción de contenidos la tienen quienes lograron hegemonizar el discurso público con conceptos, esquemas y paradigmas del siglo pasado -o del anterior-. Esas teorías fueron las que dieron supuestos argumentos a la regulación audiovisual que proliferaron en América latina en la década populista y que lentamente están siendo revisadas, incluso en países que siguen gobernados por las coaliciones de izquierda que las habían impulsado, como Uruguay, Ecuador y Bolivia.

En la Argentina, entre 2009 y 2015 estuvimos petrificados en torno de la aplicación de una ley de medios inaplicable -como se demostró en múltiples arbitrariedades, algunas de las cuales son materia de investigación en la justicia federal- y nos esperanzamos con algunos aspectos de la ley Argentina Digital de 2014 -que nunca se reglamentaron-, como la apertura de la TV a las empresas de telecomunicaciones (cosa igualmente inaplicable mientras se mantuvieran, como ocurrió hasta diciembre de 2015, las restricciones vigentes en el artículo 45 de la ley de medios). Apenas asumido el nuevo gobierno, el mismo discurso pseudo-democratizante fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sostener supuestas violaciones a la libertad de expresión -que fueron revisadas en una audiencia prematura al que ese organismo interamericano citó al Estado argentino y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había encabezado el reclamo-. Además, no hay que olvidar que entre 2003 y 2006 el secretario de Comunicaciones de la Nación fue Guillermo Moreno, funcionario no especialmente recordado por su racionalidad y eficiencia -al que la justicia acaba de condenar en primera instancia por gastar recursos públicos en cotillón contrario a un grupo de medios-. A Moreno lo sucedió Carlos Lisandro Salas, que como secretario prácticamente no firmó resoluciones -lo que produjo un quietismo de miedo en un contexto de rápido desarrollo de las comunicaciones-.

Se supone que esos planteos teóricos privilegian el papel de los los ciudadanos que demandan información a la que tienen derecho, pero a juzgar por los apagones de las comunicaciones celulares (2012 y 2013), las redes analógicas (la mitad de los usuarios de TV paga tienen servicios de ese tipo), las velocidades de Internet que están por debajo del promedio regional o directamente la imposibilidad de acceder a la banda ancha, y una larga lista de pendientes esas ventajas nunca se concretaron en la Argentina. Como bien planteó Eliseo Verón en su exposición ante la Corte Suprema en 2013 -que muchos prefieren borrar de su memoria- el problema de la multiplicidad de voces estuvo mal planteado.

“Cuando la Argentina está a punto de dar un paso trascendental para el futuro de sus redes de comunicaciones (que demandan inversión intensiva de miles de millones de dólares anuales), un paso que llega una o dos décadas tarde -según las aspiraciones de máxima o mínima que cada uno tenga para nuestro país-, asistimos al reverdecer de los mismos argumentos que en 2009 defendieron la ley de medios”

Ahora, cuando la Argentina está a punto de dar un paso trascendental para el futuro de sus redes de comunicaciones (que demandan inversión intensiva de miles de millones de dólares anuales), un paso que llega una o dos décadas tarde -según las aspiraciones de máxima o mínima que cada uno tenga para nuestro país-, asistimos al reverdecer de los mismos argumentos que en 2009 defendieron la ley de medios y en 2014 creyeron extraordinaria a la ley de telecomunicaciones, con apenas algunas variantes y actualizaciones. Hay un miedo irracional a la convergencia de las comunicaciones que conviene analizar y poner en contexto.

Una breve historia reciente

En estos años, la convergencia de redes, empresas y servicios estuvo legalmente prohibida en la Argentina. Las telefónica no podían ofrecer TV paga y los operadores de cable tenían bloqueado el acceso a la telefonía móvil. El kirchnerismo tuvo varias oportunidades para crear un mercado convergente: la primera chance fue en 2006 cuando Cablevisión y Multicanal anunciaron la fusión de sus operaciones; fue un momento ideal para, además de autorizar la operación, abrir simultáneamente el mercado de la TV paga al ingreso de las telefónicas; en 2009 podría haber ocurrido lo mismo cuando se discutió la ley de medios, que sumó un impedimento mayor para cables y telefónicas al pretender partir en 24 minifundios a los cableoperadores en vez de promover la consolidación de redes nacionales alternativas y superpuestas; y la tercera se dio en 2014 cuando se aprobó la ley Argentina Digital -se permitió en los papeles el ingreso de las telefónicas a la TV paga pero se mantuvieron los artículos de la ley de medios que limitaban ese despliegue- y se subastó espectro para 4G -e impidió el acceso de un cuarto operador real de movilidad al impedir en la letra del pliego la participación de Nextel y Cablevisión-. Cada uno de esos momentos fueron oportunidades para “nivelar la cancha” y abrir el juego. Todas esas oportunidades -elegidas artificialmente porque esos pasos podrían haberse dado en cualquier otro momento- se perdieron.

Ahora estamos ante una nueva chance: el 1° de enero próximo, las empresas telefónicas podrán ofrecer servicios de TV paga en los grandes centros urbanos y proveerán competencia no sólo en ese servicio. Estarán en condiciones de vender paquetes de servicios (telefonía fija y móvil, TV paga y banda ancha fija y móvil) que plantearán una nueva realidad competitiva. Esa paquetización -que para los argentinos ha sido hasta ahora ciencia ficción- es la misma que las telefónicas -Telefónica y Claro- ya comercializan en varios de los mercados donde operan. Es evidente que el elemento más disruptivo del contexto actual es la fusión de Telecom -una de las mayores telefónicas- con Cablevisión -la mayor operadora de TV por cable-, y el hecho de que detrás de esta última estén los mismos accionistas del Grupo Clarín, el mayor productor y distribuidor de contenidos informativos y de ficción del país.

Ese movimiento obligará a las telefónicas a acelerar las inversiones en el despliegue de redes fijas (como de hecho están haciendo desde hace meses) y a evaluar la adquisición de algunos de los cableoperadores existentes, que ya cuentan con esas redes y con un buen número de clientes (también hay conversaciones en ese sentido, de menor escala pero similares a la de Telecom-Cablevisión).

Por la presión del video en general, pero sobre todo de los servicios de video a demanda por Internet, y con resoluciones de imagen que evolucionan del SD al HD y de allí al 4K, el volumen de datos transportados por las redes fijas prácticamente se duplica cada año. No sólo las personas se conectan a Internet con la computadora, el celular y el televisor sino que también lo empiezan a hacer un creciente número de dispositivos que finalmente están haciendo realidad el hogar inteligente en ciudades que también incorporan para su seguridad e infraestructura sensores y artefactos conectados.

Las declaraciones de impuestos se hacen a través de la Red, por donde también circulan las historias clínicas, se dictan carreras universitarias y se realizan transacciones financieras y surgen nuevos fenómenos de entretenimiento a partir de youtubers e instagramers. Parece una obviedad enumerar todo lo que permiten las tecnologías de la comunicación -llamadas por el pionero de la convergencia, tecnologías de libertad-, pero no lo es: para que todo eso sea posible hace falta una infraestructura robusta, y para que exista esa infraestructura hace falta inversión. Un volumen de recursos que en la Argentina es aún más relevante porque no se trata de hacer sólo un up grade sino de empezar directamente desde cero en muchos lugares del territorio.

“Parece una obviedad enumerar todo lo que permiten las tecnologías de la comunicación -llamadas por el pionero de la convergencia, tecnologías de libertad-, pero no lo es: para que todo eso sea posible hace falta una infraestructura robusta, y para que exista esa infraestructura hace falta inversión”

El reclamo de competencia

De tanto usarla, los impulsores de la ley de medios de 2009 devaluaron hasta la insignificancia la palabra monopolio. Pero el reclamo de mayor competencia en quienes no creen en la economía de mercado y añoran otros modelos de organización de la economía y la sociedad es una novedad auspiciosa que merece celebrarse. Ahora se reclama mayor competencia sin advertir el punto de partida. Una vez más, resulta imperioso describir el estado actual de la oferta de servicios de comunicación en el país. Para quienes venimos haciéndolo desde hace años es agotador.

En la Argentina de 2017 hay un sólo proveedor relevante de triple play –acotado a una franja del área metropolitana de Buenos Aires, Telecentro–; hay prácticamente un sólo operador de TV satelital directa al hogar –DirecTV–; por la puerta de la mayoría de los ocho o nueve millones de hogares conectados a la TV de paga pasa sólo una red de cable –Cablevisión, Supercanal o alguna de las otras 700 empresas medianas y pequeñas que escasamente superponen sus redes–; las dos compañías de telefonía básica surgidas de la estatal privatizada en 1989 prácticamente conservan su presencia en las que fueron sus respectivas zonas exclusivas, Telecom y Telefónica –algo que se desreguló en 1998.

Y las tres empresas de celulares se reparten el país casi de la misma forma en la que lo hacían cuando operaban en áreas exclusivas de hecho o por derecho: Claro de América Móvil, que compró la operación de CTI Móvil (la empresa que surgió para dar telefonía celular en las provincias), es fuerte en el Centro y Norte del país; Movistar y Personal lo son respectivamente en el Sur y Norte y concentran su pelea en la gran metrópoli rioplatense (Telefónica Movistar tiene mayor presencia porque adquirió en 2004 Movicom, la compañía fundadora de la movilidad en la capital argentina).

Por si fuera poco, la venta conjunta de servicios fijos, móviles y de TV (estrategia usada por las telefónicas y DirecTV durante algún tiempo con el nombre comercial “trío”) fue prohibida judicialmente, y a Cablevisión nunca se le asignó la numeración requerida en su momento para dar telefonía fija, cuando ese servicio todavía tenía demanda.  

El miedo a la concentración

Por la necesidad de tener escala para rentabilizar grandes inversiones, las fusiones y adquisiciones en el ámbito de las comunicaciones son frecuentes y vienen siendo cada vez más habituales en el mundo. En la Argentina de la democracia está el antecedente de la consolidación de cableoperadores en el área metropolitana de Buenos Aires, que culminó con la compra y partición de VCC por parte de sus dos competidores, Cablevisión y Multicanal, algunos años antes de que estas mismas empresas también se fusionaran (2006); en el ámbito de la movilidad, la más reciente es la fusión de Movicom y Unifón que dio lugar a Movistar (2004). La fusión de Telecom y Cablevisión, que ya fue informada a las autoridades para el análisis regulatorio correspondiente se inscribe en ese contexto.

¿Cuántos operadores de comunicaciones aseguran inversión en infraestructura y competencia en la oferta de servicios de calidad y a precios convenientes? Muchos no es necesariamente una buena respuesta. Existe cierto consenso entre los especialistas en concentración económica: nunca menos de dos, porque eso implicaría un serio riesgo para los usuarios que podrían tener que pagar precios exorbitantes, pero -según el tamaño del mercado- tampoco más de tres o cuatro, porque eso implicaría menores inversiones que terminarían en el desabastecimiento del mercado.

“Hay pymes y cooperativas que han hecho fuertes inversiones y tienen hoy redes y servicios de primer nivel, incluso superiores a los que se observan en las grandes urbes. Pero también hay otras que han exprimido a sus pueblos como si fueran vacas lecheras sin modernizar sus redes y condenándolos al atraso y al aislamiento”

En este sentido, la liberación parcial del mercado convergente y la fusión que modificará el peso relativo de los distintos actores podría acelerar en la Argentina un proceso de consolidación de empresas. Como ya se dijo, no sería extraño que durante 2018 o quizá antes compañías de cable medianas -de más de 100.000 abonados- terminen adquiridas por alguna de las telefónicas urgidas de redes fijas. Desde que cambió el gobierno, Telefónica y Claro aceleraron el despliegue de redes de fibra -están en el orden de los 800.000 hogares pasados cada una- pero para equiparar a Cablevisión tendrán que dar un estirón mayor.

Es cierto que la Argentina tiene algunas particularidades a considerar, como la existencia de cientos de pymes y cooperativas que vienen dando servicios de comunicaciones allí donde el Estado no llegó y donde los jugadores privados medianos y grandes no encontraron rentabilidad, especialmente en localidades de menos de 100.000 habitantes. En algunos ámbitos se discute aún si hay que proteger a este sector o dejarlo librado al mercado.

Pero plantear la decisión solamente en esos términos es injusto e ineficiente: hay pymes y cooperativas que han hecho fuertes inversiones y tienen hoy redes y servicios de primer nivel, incluso superiores a los que se observan en las grandes urbes. Pero también hay otras que han exprimido a sus pueblos como si fueran vacas lecheras sin modernizar sus redes y condenándolos al atraso y al aislamiento. Estas últimas necesitan el estímulo de la competencia.

Pero para poder competir, esas pymes y cooperativas también necesitan de una cancha nivelada. Ahí es donde aparece el Estado con su empresa mayorista de telecomunicaciones Arsat (que con su intervención en el mercado mayorista está ordenando mercados que sí eran monopólicos u oligopólicos) y los planes de financiamiento (incluso subsidios) del Enacom para el despliegue de redes de última milla en pequeñas poblaciones.

Al menos tres grandes operadores convergentes y competitivos -sin distinción de tecnologías- en los principales mercados, cientos de pymes y cooperativas con redes modernas en lugares de menor densidad poblacional y un empresa mayorista estatal que nivele la cancha en todo el país, sumado a múltiples prestadores de servicios OTT -desde operadores móviles virtuales a  servicios de TV paga lineal o a demanda sobre Internet pasando por proveedores de telefonía sobre IP- podría ser finalmente la estructura del mercado. ¿Un sueño? No, eso es lo que ocurre en la mayoría de los países de la región y del mundo que lograron superar el siglo XX y regularon mirando el siglo XXI.

La “baja institucionalidad” de la CNDC

Desde que se anunció la fusión Telecom/Cablevisión se activó un discurso inédito en los años anteriores: que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) carece de la independencia, institucionalidad e incluso profesionalidad necesaria para analizar técnicamente cualquier proceso de fusión en telecomunicaciones y tomar las decisiones técnicas necesarias para evitar la conformación de monopolios. En este aspecto hay al menos dos cuestiones a considerar: cuál es la situación actual de la competencia en los mercados convergentes y cuál es el estado actual del organismo que debe velar por que no existan monopolios.

Como se describió antes, el mercado argentino de telecomunicaciones es de baja intensidad competitiva. En líneas fijas, el 100% del mercado les pertenece a Telecom o Telefónica en la mayoría de las localidades del país (donde no compiten entre sí), al igual que los abonados en TV paga (donde la competencia es entre el cable y el satélite, en general con una sola oferta por tecnología). El de la banda ancha es el único mercado en el que existe alguna competencia, pero limitada por la falta de desarrollo de las redes fijas. Para confirmar esto alcanza con pensar qué oferta de servicios tiene cada uno en el lugar en el que vive, cuántas empresas distintas debe contratar para tener TV, telefonía fija y móvil y conectividad de banda ancha, y cuánto paga por esos servicios sumados. Que la fusión Telecom-Cablevisión se ponga bajo la lupa será muy útil para que quienes hasta ahora no habían percibido esta realidad empiecen a verla. Que existan tres o cuatro operadores convergentes nacionales hará que haya más competencia, no menos.

“Que la fusión Telecom-Cablevisión se ponga bajo la lupa será muy útil para que quienes hasta ahora no habían percibido la falta de competencia efectiva existente en el país empiecen finalmente a verla. Que existan tres o cuatro operadores convergentes nacionales hará que haya más competencia, no menos”

La CNDC, organismo encargado de evitar la formación de monopolios, tuvo en ese aspecto una actividad muy modesta durante los doce años del kirchnerismo. Según la ley 25.156 de 1999 debió haber sido reemplazada por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, cosa que nunca ocurrió y que recién al final de su mandato impulsó Cristina Kirchner. Cuando asumió el gobierno la alianza Cambiemos (que impulsa una nueva ley de defensa de la competencia), en ese ente había más empleados que escritorios, y más escritorios que computadoras, y no es broma.

La actuación de la CNDC en materia de telecomunicaciones en los últimos años incluye tres casos concretos: las fusiones de Cablevisión-Multicanal y de Unifón-Movicom, y el ingreso indirecto de Telefónica de España en el accionariado de Telecom Argentina, principal competidor de su filial en la argentina (cosa que ocurrió hasta 2015). Aquel acuerdo -que tuvo un anuncio breve y lleno de eufemismos en la misma Casa Rosada en 2010- fue aprobado por la CNDC, que respondía al por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno.

De los funcionarios y ejecutivos de aquellos tiempos queda poco y nada. Aquel año, Telefónica tomó el control del conglomerado Teco, que a su vez era el principal accionista en Telecom Italia, controlante de Telecom Argentina. De aquella época sólo queda este antecedente porque el gobierno nacional cambió y también lo hicieron los máximos directivos de la casa matriz de la telco y también de su sucursal argentina.

Es cierto que la CNDC ha tenido baja institucionalidad y que es un organismo enclenque, fruto de una ley nunca del todo reglamentada y que está a cargo de vigilar porque haya competencia justo cuando se prevé su reemplazo mediante una nueva legislación. Pero no es menos cierto que en los últimos meses se dieron pasos relevantes en su profesionalización. Existe gran consenso acerca de las cualidades técnicas de su actual presidente, Esteban Greco, y ya hay un caso extraordinario en el contexto argentino: el acuerdo alcanzado con Prisma (empresa propiedad de 14 bancos) de desinvertir voluntariamente en el mercado de tarjetas de crédito. En septiembre pasado, además, la CNDC fue aceptada como integrante del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), club de naciones -la mayoría desarrolladas- que la Argentina aspira a integrar y en cuyas recomendaciones sobre defensa de la competencia está basando el cambio regulatorio.

La CNDC tendrá que analizar el nivel de concentración en cada uno de los servicios y en cada localidad que resulte de la fusión de Telecom/Cablevisión y eventualmente imponer remedies para subsanar posiciones preponderantes, algo que no será sencillo al tratarse de mercados en convergencia (donde un mismo servicio, por ejemplo la banda ancha, pueden prestarse a través de redes distintas, como el cablemodem del coaxil y el ADSL del cobre telefónico). En cualquier caso, además de la posición empresaria, el órgano pro competencia deberá velar en sus decisiones por preservar y mejorar la calidad del servicio actualmente recibido por los usuarios.

“En los últimos meses se dieron pasos relevantes en la profesionalización de la CNDC. Existe gran consenso acerca de las cualidades técnicas de su actual presidente, Esteban Greco, y ya hay un caso extraordinario en el contexto argentino: el acuerdo alcanzado con Prisma de desinvertir voluntariamente en el mercado de tarjetas de crédito”

El estado de la regulación vigente

El marco regulatorio vigente es un frankenstein normativo hijo de las contradictorias políticas de los distintos gobiernos (incluso al interior de los de mismo signo político) y de su adecuación a las necesidades político-partidarias de los circunstanciales gobernantes. Sería ideal contar con una autoridad profesional y respetada como la FCC estadounidense, o una reforma profunda de las telecomunicaciones, como la que encaró México siguiendo recomendaciones de la OCDE, o tener una ley convergente como la colombiana, pero no puede desconocerse de dónde se viene.

La Argentina está siguiendo un camino distinto, menos seguro en términos de reglas de juego, pero que hasta ahora permitió romper un statu quo que no benefició a los usuarios. Por lo pronto, el DNU 267/2015 -ratificado por la Cámara de Diputados- planteó un horizonte claro y novedoso al fusionar en un solo ente las autoridades de aplicación de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones -normas que siguen vigentes en la mayor parte de su contradictorio articulado-, y fijar un plazo de dos años para el comienzo de la convergencia en la realidad concreta -un plazo que en 2015 se veía lejano pero que está a punto de vencer-.

La Comisión Redactora del anteproyecto de nueva ley escuchó a 76 entidades del sector convergente, realizó varios seminarios académicos en todo el país y este noviembre deberá enviar al Poder Ejecutivo el resultado de su trabajo, que hasta donde se sabe refleja buena parte de los dilemas que se dan en la sociedad y en el mercado.

La Argentina necesita una ley de comunicaciones convergentes que plantee objetivos claros -básicamente, tener una sociedad conectada-, ratifique los derechos de los ciudadanos a estar comunicados entre sí y con el mundo y establezca una autoridad de aplicación lo más técnica posible (como reclamó la Corte Suprema en 2013). Hoy asusta que se retoquen repetidamente las normas mediante decretos o resoluciones -en rigor, se retoca ley con DNU, decreto con decreto y resolución con resolución-, pero eso es lo que hacen en definitiva los organismos regulatorios que van planteando estímulos o restricciones al desarrollo tecnológico y económico.

“La Argentina necesita una ley de comunicaciones convergentes que plantee objetivos claros -básicamente, tener una sociedad conectada-, ratifique los derechos de los ciudadanos a estar comunicados entre sí y con el mundo y establezca una autoridad de aplicación lo más técnica posible (como reclamó la Corte Suprema en 2013)”

El actual Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no tiene el mejor diseño, pero sostener que su estructura es sustancialmente distinta de la de sus antecesores, Afsca y Aftic, es ingenuo o tramposo. En este Enacom, el Poder Ejecutivo designa directamente a cuatro de los siete directores (los otros representan a las tres principales minorías parlamentarias). En la vieja Afsca, aunque con el ropaje de representar a provincias, universidades o sindicatos, también había cuatro directores designados por el kirchnerismo, como lo confirma cualquier revisión histórica que se haga de los votos de esos funcionarios en las reuniones de directorio. Y no sólo eso, la ex presidenta Cristina Kirchner llegó a rechazar al director designado por la tercera minoría parlamentaria (el Acuerdo Cívico y Social) siguiendo el procedimiento dictado por la ley de medios vigente en ese momento. Es más, la ex presidenta llegó a intervenir el texto de la ley de medios mediante un decreto que creó la figura de vicepresidente de la Afsca y establecer que si no firmaba las disposiciones del organismo, estas serían inválidas.

Quienes plantean que la composición del Enacom está reñida con los estándares interamericanos de derechos humanos son los mismos que se olvidan -o justifican la no aplicación- del principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que rigen la actuación de la CIDH: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación”. La omisión o interpretación contradictoria de esta última frase abrió la puerta a las leyes de medios populistas que fueron derogadas o están hoy en revisión en casi toda América latina.

También se cuestiona al actual Enacom sus diálogos con los actores regulados como si se tratara de un vicio en lugar de una virtud en un país en el que la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones se originó o terminó en la Justicia en las últimas décadas. ¿Cuántos canales de TV o emisoras de radio emiten gracias a recursos de amparo judiciales? ¿Por qué es tan difícil ordenar el espectro radioeléctrico caracterizado hasta el infinito por las interferencias? ¿Por qué se vuelve lento el avance del 4G al no contar las empresas titulares con parte de las frecuencias adquiridas en la subasta de 2014? Vista la experiencia reciente, puede afirmarse que todo lo que contribuya a evitar la judicialización de las políticas públicas en materia de comunicaciones será bueno para los usuarios.

“También se cuestiona al actual Enacom sus diálogos con los actores regulados como si se tratara de un vicio en lugar de una virtud en un país en el que la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones se originó o terminó en la Justicia en las últimas décadas”

Claro, es más fácil pararse en el medio de la plaza y empezar a gritar consignas contra la concentración, las posiciones hegemónicas y por la “democratización de la palabra”, como venimos escuchando desde 2009. Es un discurso buenista que, a pesar del poder político total que tuvo desde aquel año en adelante, no logró mejorar las comunicaciones masivas y empeoró decididamente las interpersonales.

Quienes se han parado en la vereda de enfrente, la mayoría de las veces en soledad y en minoría, corremos el riesgo de ser señalados con el dedo e identificados como presuntos voceros de tal o cual interés (político o económico). Los pocos que venimos sosteniendo las mismas ideas en público y en privado desde hace muchos años (en mi caso puede revisarse el archivo del diario La Nación), esa acusación se vuelve ilegítima e injusta y confirma la debilidad de los argumentos contrarios, a los que le queda como único sustento la falacia.

Por supuesto que lograr un mercado convergente es difícil y que los intereses en pugna son enormes y fortísimos. Los que no hemos sido ingenuos durante la última década -donde la ingenuidad fue una de las cosas que más abundaron entre los defensores del modelo- tenemos derecho ahora a ser optimistas.