Contenidos 02/04/2018

Caso Ciccone: algunos periodistas llegaron enseguida, ¿cuándo llegará la Justicia?

Por José Crettaz

Dejo aquí algunas impresiones de mi paso como testigo en el juicio oral y público a Amado Boudou y sus amigos por varios delitos vinculados con “la máquina de hacer billetes”

Caso Ciccone: algunos periodistas llegaron enseguida, ¿cuándo llegará la Justicia?

Hay olor a cloaca en el subsuelo de Comodoro Py 2002, a metros de la puerta de la sala de audiencias donde se realiza el juicio oral y público al ex vicepresidente de la nación Amado Boudou entre otros imputados en la denominada causa Ciccone. Los testigos que esperan su turno para declarar tienen que fumarse la podredumbre aunque no tanto como los detenidos que esperan en “la unidad”, la dependencia utilizada por el Servicio Penitenciario Federal para albergar a los presos que van y vienen por los pasillos de los tribunales federales que funcionan en este edificio. 

“No recuerdo exactamente porque pasó mucho tiempo”, “me remito a lo publicado en el diario La Nación en 2010”, “en esa época la situación era distinta”… las frases de los testigos del juicio se repiten. Incluidas las mías. Allí estuve el 27 de marzo pasado como testigo. Llegué cinco minutos antes de la hora en la que había sido citado. Una empleada del juzgado bate eficientemente el primer café de la mañana. Hay estantes con expedientes que llevan nombres de políticos. Algunos, ya hace tiempo que no están en la función pública, como Granillo Ocampo (la primera carpeta que leo). Otro funcionario judicial me pregunta por qué tema estoy allí, escucha y va en busca de una compañera suya que me recuerda efectivamente por qué fui, me lee pausadamente mis obligaciones y me detalla los integrantes del tribunal, la lista de imputados y los delitos de los que se los acusa. Para cuando termina ya me olvidé de todo aquello.

Dos horas y media después, me sentaba en la silla de los testigos para una declaración de 20 minutos. Los empleados judiciales son amables pero se los nota anómicos. Tienen esa anomia de los barrios de emergencia -como la vecina Villa 31- que lleva al convencimiento de sus habitantes de que, hagan lo que hagan o pase lo que pase, nada cambiará.

Espero un rato en el 6to piso, a pasos de la mesa de entrada del Tribunal Oral Federal N° 4. Hay un ventanal enorme con vista al edificio Libertad, la iglesia Stella Maris -que se prepara para celebrar la Semana Santa- y Puerto Nuevo. Abajo, el habitual caos de tránsito -alimentado por los autos mal estacionados de los empleados de la Justicia, los desgraciados que van a buscar al Correo Argentino los paquetes que deberían llegarles a sus casas, y el acceso de camiones al puerto- es más grave por el impacto de las obras del Paseo del Bajo. Los abogados se pasean por los pasillos, algunos van acompañados de sus clientes. Hay funcionarios oficiales pidiendo causas y revisándolas donde pueden (al lado mío, tres abogados jóvenes revisan dos cuerpos de los 16 que aparentemente integran una de las causas contra Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte detenido por la masacre del choque del tren Sarmiento en Once). Los detenidos esposados también son otro elemento del paisaje, siempre acompañados por un penitenciario.

El tramo más largo de la espera se produce en el subsuelo a donde se llega por un pasillo que funciona como depósito de muebles rotos y en desuso, donde los tubos de luz parpadean, hay polvo acumulado en los rincones y aquel intenso y antiguo olor a cloaca, que no es metafórico. Me indican dónde debo seguir esperando. Me quedo parado porque me cansé de estar sentado. Entonces escucho la inconfundible voz de Hugo Alconada Mon, el periodista que más profundamente investigó la apropiación de la “máquina de hacer billetes” por parte de Boudou y sus amigos en connivencia con el poder político de entonces o tal vez por el propio encargo de éste. ¿Néstor le encargó la tarea a Amado? 

En teoría, un testigo no puede escuchar el testimonio de otro testigo durante un juicio. En la promiscuidad cloacal del subsuelo de tribunales no hay nadie que lo impida. Es más, pronto llegarán más testigos a la sala de espera que no es una sala, sino un tramo más de pasillo. Están los que, como yo, fuimos citados por la Unidad de Información Financiera (UFI) y están quienes, como dos periodistas militantes con los que coincido en la espera, fueron citados por la defensa de Boudou. Llegan con un montón de papeles en la mano, estudian lo allí escrito y confiesan su preocupación: no caer en falso testimonio. 

La espera y el olor a cloaca allanan el camino y terminé confraternizando con esos dos comunicadores que editan una revista kirchnerista en la que se habla del ex presidente como un preso político. De hecho, en la edición que me regalan hay una entrevista al propio Boudou donde éste sugiere que el juicio podría terminar siendo nulo porque no están siendo juzgados todos los supuestos involucrados. Hay dos que faltan: Ricardo Echegaray y Jorge Brito. Y hay otro involucrado que está a los dos lados del mostrador: es juzgado y es testigo de la acusación. Alejandro Vandenbroele.

Mis colegas testigos del juicio a Boudou hicieron un relevamiento de lo publicado durante los años que lleva la investigación, verificaron los hechos y se divirtieron descubriendo cómo otros compañeros suyos de militancia publicaron información deliberadamente falsa para embarrar la cancha. Como el dato que señalaba un vínculo laboral o de negocios entre Vanderbroele  y Ciccone anterior a la aparición de Boudou en la trama. Coincidimos en lo obvio: si se quiere realmente saber la verdad hay que seguir la ruta del dinero. Núñez Carmona -amigo íntimo del ex vicepresidente- apunta a Raúl Moneta (y pide cínicamente que se lo cite a declarar sabiendo que el empresario tiene un padecimiento de salud que lo dejó fuera de sí). Vanderbroele apunta a Brito (que pidió licencia de sus responsabilidades en el Banco Macro y bajó a mínimos su perfil público).

Estoy algo nervioso. No me gusta esperar, no soporto el olor a cloaca y menos el tufillo a simulacro de justicia que me parece respirar allí abajo. Con las extraordinarias vistas que tienen los tribunales federales de Comodoro Py desde sus pisos superiores (se ve el puerto, el Río de la Plata, la zona de Catalinas, Retiro…) ¿Por qué las audiencias se hacen en un subsuelo? Alcanzo a escuchar un diálogo que me tranquiliza: “¿Qué relación tenían Boudou y Núñez Carmona?”, le preguntan a Alconada Mon -a quien los abogados llaman “doctor” porque es abogado, o sea, uno de los suyos-. Que en la Argentina abogados, médicos y contadores se traten a sí mismos y entre sí como “doctor” sin haber alcanzado ese logro académico no habla bien de esas nobles profesiones.

“Núñez Carmona era el Robin de Boudou”, resume Hugo y me hace reír. Me tranquilizo. Todavía me estoy riendo cuando sale de la sala de audiencias el que parece ser el único policía presente. Me dice que no puedo asomarme al pasillo y que tengo que esperar del lado del olor a cloaca (bueno, a eso no lo dice pero me queda claro). Un rato después descubriré que se trata del mismo oficial que le alcanza café y agua al presidente del tribunal, como si fuera un mozo o un secretario. Un verdadero auxiliar de la Justicia.

Es extenso y detallado el relato de Alconada Mon (era más sencillo si repartía entre la audiencia del juicio ejemplares gratuitos y autografiados de Boudou-Ciccone y la máquina de hacer billetes, su libro publicado en 2013). Y a los abogados les interesa y les divierte.

Llega mi turno y no tengo mucho más que agregar, salvo apenas los capítulos previos de la saga. La precuela. 1) La quiebra de Ciccone Calcográfica a pedido de la AFIP y la idea de que sea operada por la Casa de Moneda; 2) La propuesta de la empresa Boldt para quedarse con la planta; y 3) La marcha atrás de la AFIP en su pedido de quiebra, con plan de pago y fuerte quita del dinero adeudado. La prehistoria del Caso Ciccone. En su libro, Alconada Mon -con gran generosidad- dedicó un párrafo a los precursores del caso: “¿Sabía el lector que las primeras luces de alarma sobre la muerte y resurrección de Ciccone Calcográfica SA las encendieron los colegas Diego Genoud, en el diario Crítica de la Argentina, en 2008; Martín Bidegaray, en el diario Clarín, y José Crettaz en el diario La Nación, ambos durante 2010, y el periodista y escritor Jorge Asís, en su blog, en 2011?”

Casi diez años después estamos en la sala de audiencias de Comodoro Py. A los integrantes del tribunal se los ve cansados. Anómicos, como sus empleados. “Ya llevamos tres horas de audiencia”, me dice la encargada de hacerme pasar al estrado. Me retruca sin rencor mi queja por lo extenso de la espera.

En la sala de audiencias -donde para mi gusto falta luz- no está ninguno de los acusados. No es como en las películas estadounidenses, donde el acusado siempre está en el banquillo. Sólo están sus abogados y tienen cara de pocos amigos. Del público que había ido a escuchar a Alconada Mon ya no queda nadie. Tampoco era público sino abogados. El presidente del tribunal me advierte las consecuencias que tendría un falso testimonio, me pregunta si tengo alguna amistad o enemistad con los acusados o algún interés especial en el resultado del juicio. Le digo la pura verdad: no. No puedo agregar que la truchez de Boudou dejó de sorprenderme cuando lo descubrí recibiendo dinero de la publicidad oficial. Todavía no se conocía la trama de los papeles truchos del auto viejo cuya propiedad no quiso compartir con su ex esposa. 

“Me remito a lo publicado en 2010 en el diario La Nación”, repito un par de veces. Me había repasado las tres notas que escribí ese año entre agosto y diciembre sobre la crisis económica de Ciccone Calcográfica y el giro que dio ese caso -con información que me había facilitado el propio Alconada Mon, que para proteger una una fuente decidió no publicarla él mismo en aquellos primeros momentos-.

El abogado que me pregunta se refiere a mi trabajo como “investigación periodística”. Me veo en la obligación de aclararle que aquello no era investigación sino el seguimiento de una noticia económica: la quiebra -a pedido de la AFIP- de la principal empresa del país dedicada a la impresión de seguridad, el intento de su competidora Boldt de adquirirla y la intervención de la misma AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para frenar esa transferencia y dar a la firma -“a los dueños de la empresa”, escribí yo sin aclarar qué dueños- en crisis un extraño y muy conveniente plan de pagos.

El fiscal me pregunta si me acuerdo del título de la última nota, la de diciembre, en la que afirmé: “La AFIP condonaría el 75% de la deuda de Ciccone”. La verdad que no, ya no me acuerdo. Tampoco me acuerdo del papel jugado por Mercedes Marcó del Pont pero se que está ahí, en lo que publiqué en 2010 y me vuelvo a remitir a esos textos, que están disponibles en cualquier hemeroteca o a un clic de distancia, en el archivo digital de La Nación.

Pasaron ocho años. Todo lo que se sabía a fines de 2010 sobre lo que luego sería un escándalo extraordinario aún pendiente de justicia. Tan escandalosamente extraordinario que hubo que aprobar en el Congreso una ley de expropiación de Ciccone para tapar tanto desfalco.

El fiscal también quiere saber si verifiqué con la AFIP la información del plan de pagos con quita. Me veo en la obligación de decirle que en ese tiempo, el gobierno de Cristina Kirchner ya no hablaba con periodistas que no fuesen militantes. Y lo mismo hacía Echegaray, con quien yo tenía trato desde mucho antes porque la profesión me había obligado a seguirlo en su gestión al frente de la Aduana y luego en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), cuando ya hacía varios años que estudiaba ruso.

Sobre Echegaray el más indicado para testificar es Matías Longoni, autor de Fuera de Control, un libro agotado que nadie se anima a reeditar y por el cual el periodista podría tener que pagar varios millones de pesos al ex funcionario en concepto de daños y perjuicios. Pero sí, la buena práctica periodística indica que siempre hay que consultar a las fuentes involucradas en la información. Y cuando esas fuentes no responden así se lo consigna. Este no fue el caso. Aquella vez, la AFIP negó la condonación de la deuda pero advirtió que “cualquier empresa concursada puede acogerse a un plan de pagos previsto en la resolución general 970 de 2001, que permite abonar las deudas con el organismo hasta en 120 cuotas”. Entonces, el jefe de prensa de Echegaray era Pedro López. A veces las investigaciones judiciales terminan siendo meras autopsias sobre lo hecho años antes por algunos periodistas. 

Fue mi primera vez en los tribunales federales de Comodoro Py. Nunca había ido como periodista. El juicio -a cargo del TOF N° 4- es oral y público pero no se ve mucho público y la oralidad es relativa cuando debe basarse en la memoria de hechos ocurridos ocho años atrás. Me remito a lo publicado por mi en La Nación entre agosto y diciembre de 2010. Algunos periodistas y un puñado de asistentes (¿quiénes serán?) siguen las exposiciones. Tampoco se leen muchas crónicas de este juicio que -según me dicen- corre un serio riesgo de ser declarado nulo por razones procesales. Temo que esta no haya sido mi última vez en la calle Comodoro Py 2002.