Medios 10/01/2019

2009-2019 La vigencia del partido de la ley de medios

Por José Crettaz

La supervivencia de un marco jurídico que no demostró sus argumentaciones ni cumplió sus promesas sólo se explica por la vigencia de un extendido y transversal espacio político que lo sostiene; sin un debate en serio, sincero y profundo sobre sus postulados no habrá forma de avanzar en una nueva legislación convergente

2009-2019 La vigencia del partido de la ley de medios

Este 2019 se cumplirá una década desde que el Congreso Nacional aprobó en votación reñida la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, cuyos artículos más controvertidos fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema en 2013 -también en votación dividida- y cuya aplicación se mantuvo en permanente litigio judicial hasta finales de 2015 cuando el decreto de necesidad y urgencia 267 clausuró la discusión al derogar las disposiciones que originaban los pleitos. Las reformas de aquel decreto quedaron plenamente vigentes al ser ratificado en 2016 por la cámara de Diputados.

A pesar de aquella modificación vía DNU, que motivó una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -inédita por la celeridad de su convocatoria a pocos meses de la asunción del nuevo gobierno-, la ley de servicios de comunicación audiovisual -o ley de medios, como se popularizó- sigue vigente en la mayor parte de su anticuado articulado.

El gobierno del presidente Mauricio Macri probablemente concluya su mandato sin cumplir con su promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley de comunicaciones convergentes que plantee un nuevo paradigma: el del acceso universal a Internet, la educación digital para todos y el fomento de los contenidos y servicios nacionales. Sin consenso interno entre sus funcionarios pro-libre mercado y pro-fomento público, el gobierno no tiene aún un proyecto único y, además, mira con desconfianza la rabia restauradora de la oposición kirchnerista en el Congreso.

La supervivencia de un marco jurídico que no pudo demostrar la validez de sus argumentos de base (falta de pluralismo y existencia de monopolios) ni mucho menos cumplir con sus principales promesas (pluralidad, “desmonopolización”, producción nacional y avanzada tecnológica) sólo se explica por la vigencia de un extendido y transversal espacio político más orgánico de lo que parece: el partido de la ley de medios.

Esta agrupación impulsó y defendió un amplio conjunto de políticas de comunicación -como se las plantea- que va más allá del texto legal de 2009 y abarcó desde la estatización de la televisación del fútbol a la declaración de interés público de la fabricación de papel para diarios, pasando por la justificación del uso político partidario de los medios de comunicación públicos y llegando, no pocas veces, a la justificación del hostigamiento a medios y periodistas durante el gobierno anterior.

Ese partido tiene algunas de las características que se enumeran a continuación.

El partido de la ley de medios es universitario. La ley de medios, dogma constitutivo de la agrupación, tuvo un origen académico, lo que en el ajetreo del debate público fue luego señalado de manera crítica. Académico se tradujo -lamentablemente- como “alejado de la realidad”. El texto de la ley se escribió en las facultades de comunicación de algunas universidades estatales y entre esas paredes se difundió como un manifiesto fundacional de una revolución que nunca terminó de concretarse.

Desde ese ámbito de enseñanza se propagó entre docentes, investigadores y estudiantes, que se convirtieron entonces en sus principales militantes. Esas ideas hegemonizaron -por usar la jerga de la tribu- las publicaciones y los foros académicos donde sus postulados se presentan muchas veces como verdades científicas y sus referentes como expertos neutrales.

El partido se presenta como completamente libre de intereses y como único espacio con libertad para investigar y opinar, y excluye todo lo demás por ser sospechoso de defender los intereses de las corporaciones -siguiende con la jerga-. Quien cuestiona la ley de medios no puede pertenecer al partido y si no está “afiliado”, entonces no tiene legitimidad para hablar del tema.

La fe ciega en la ley de 2009 se predicó desde las universidades públicas pero muy rápido conquistó la universidad privada aunque casi exclusivamente en el ámbito de la comunicación porque otras disciplinas, como el derecho, la economía o la ingeniería, se mantuvieron en gran medida al margen de una discusión necesariamente interdisciplinaria.

El partido de la ley de medios es político. Y es político partidario, aunque parezca un enredo de palabras. Se presenta como alta política -es decir, de ideales ecuménicos suprapartidarios y transversales- cuando tiene colores y banderías abiertamente kirchneristas. Del kirchnerismo explícito y del de closet, es decir de aquel que simpatiza con Néstor y Cristina Kirchner pero siente vergüenza por la megacorrupción organizada que caracterizó la década pasada.

Algunos exponentes del partido ya fueron candidatos -con moderado éxito comicial, hay que decirlo-, otros intentaron serlo pero sin obtener el aval de la jefa y hay quienes integran grupos políticos que aún no maduraron en papeletas electorales pero a los que no le faltan ganas. Es altamente probable que en las elecciones de este 2019 tengan más éxito y finalmente logren una legisladora propia justo a tiempo para cuando se de el debate de la próxima ley de comunicación.

Otros espacios kirchneristas, como el partido Nuevo Encuentro, aprovecharon la potencia del partido de la ley de medios para llenar de militantes los organismos creados por la ley audiovisual -primero la Afsca y luego la Defensoría del Público-, donde subsisten como funcionarios públicos.

El partido de la ley de medios es transversal. Sin el aporte de Proyecto Sur y el Partido Socialista no se habría podido aprobar en 2009 la ley de medios, ni siquiera se hubiera tratado (el kirchnerismo venía de su primera gran derrota electoral). Si eso ocurrió fue porque el partido es transversal y está dispuesto a sacrificar algunas ideas -incluso de las mejores como el ingreso de las telefónicas al ámbito de la televisión paga- para lograr el objetivo mayor.

Aunque el progresismo aún no resolvió si el kirchnerismo es parte o no de su espacio, hay progresistas muy dispuestos a sumarse cuando se trata de leyes de medios. Eso alcanza incluso al ala radical del gobernante frente Cambiemos, donde hay figuras muy relevantes que adhieren a ideas del partido.

Al partido de la ley de medios se suman a veces algunos sindicatos de la comunicación, que en los últimos 15 años vieron caer sistemáticamente los puestos de trabajo en sus industrias (en un promedio de mil cada doce meses), desde antes pero sobre todo después de 2009 y en abierta contradicción con otra de las promesas de la ley: que la pluralidad de voces iba a generar más empleo.

Un integrante especialmente llamativo del partido ha sido la Iglesia Católica bajo la influencia de Jorge Mario Bergoglio. El episcopado sumó su apoyo antes, durante y después de la sanción de la norma. La Iglesia siempre quiso tener medios de comunicación propios en la Argentina, pero nunca supo del todo cómo gestionarlos.

El partido de la ley de medios es transfronterizo pero no global. Tras la sanción fundacional de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) en la Venezuela de Hugo Chávez en 2004, los proyectos de legislación de medios de comunicación se multiplicaron por la región entre los países del bloque populista: Ecuador, Argentina, Uruguay y Bolivia. Aunque cada gobierno le dio su impronta y alcance, todos coincidieron en la argumentación de base -democratización- y en las promesas.

A caballo de esas normas una red de académicos y think tanks militantes promovió a algunas de las figuras que alcanzaron cargos relevantes en organismos regionales vinculados con los de derechos humanos. En ese aspecto hay que decir que las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (básicamente de la CIDH) sobre libertad de expresión son ampliamente declamadas como fuente de legitimidad para los postulados del partido, que los cita a conveniencia y con recortes (especialmente en materia antimonopolio).

Sin embargo, aunque es transfronterizo y aún teniendo en cuenta el volumen de derecho comparado analizado en la formulación de su doctrina, el partido de la ley de medios no es global (reniega de la globalización), y ni siquiera es internacionalista. Es lógico que así sea porque su regulación buscó resolver necesidades políticas específicas de cada gobierno nacional frente a los medios de comunicación de su país.

Ante el aparente retroceso del paradigma populista en la región parece abrirse espacio un nuevo enfoque que sí es globalizador: el de los estándares de la OCDE, organización a la que ya pertenecen Chile y México, a la que está ingresando Colombia y a la que aspiran integrar Argentina, y que para el capítulo convergente tiene recomendaciones muy concretas. El partido de la ley de medios descree de esas propuestas, a las que considera despectivamente pro-mercado, y las contrapone con las sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y de su Relatoría de Libertad de Expresión, sin detenerse a revisar si realmente existen contradicciones.

Su rechazo por lo global y el excesivo foco nacional se choca de frente con la globalización que de hecho atraviesa el mundo digital en general y el ámbito audiovisual en particular.

El partido de la ley de medios es una red de contactos. Sus militantes y dirigentes comparten cátedras, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y organismos internacionales, se recomiendan mutuamente, se citan y referencian en publicaciones, se premian, se designan como funcionarios y se financian unos a otros. El partido busca (y encuentra) ese financiamiento en los entresijos del Estado o de organismos internacionales y en la cooperación internacional.

Como las relaciones construidas en el aula suelen ser muy sólidas, esos contactos trascienden lógicamente el tiempo y se expanden hacia espacios que van más allá de la academia. Además, como el ámbito universitario con mayor presencia del partido es la comunicación, entonces hay muchos periodistas que terminan militando en la agrupación o haciéndole de megáfono propagandístico al no plantear cuestionamientos ni dudas respecto de los supuestos beneficios sociales de las políticas públicas impulsadas.

Esta red de contactos tiene una característica perturbadora: es poco transparente. Los lazos de pensamiento y amistad que construyen la red e impactan en entes públicos y organismos internacionales que producen y aplican políticas públicas no son evidentes para el gran público, que desconoce por completo esas afinidades personales e ideológicas.

El partido de la ley de medios carece de debate interno. Aunque debe haber pocas cosas más inútiles y aburridas que debatir con quienes piensan casi exactamente igual que uno, en el partido hay escasísimo debate interno sobre el fondo de la cuestión: la comunicación como derecho, según se postula. La mayor parte de sus exponentes prefieren la exposición en ámbitos propios, sin el riesgo de contraponer sus ideas con quienes las discuten de frente, en profundidad y con honestidad intelectual. En esos debates endogámicos si acaso asoman diferencias, sólo lo son en cuanto a las formas y el timing, pero nunca sobre el fondo de la cuestión.

El partido de la ley de medios es analógico. Como sus raíces están en el pasado (en la propiedad de los factores “de la emisión”), su impronta no puede ser digital (donde el uso trasciende la propiedad). Tampoco es antidigital (nadie podría serlo en serio en esta época), más bien es a-digital (prefiere mantenerse al margen de la digitalización para no evidenciar lo obsoleto de su pensamiento sobre la estructura de los medios de comunicación y los nuevos hábitos de consumo de las audiencias). Apenas enfrenta el fenómeno digital desde una perspectiva necesaria pero incompleta: el impacto político, social y económico de las plataformas mediáticas. Pero lo hace mientras sigue pensando en antenas y dipolos.

El partido piensa en términos de AM y FM, en espectro limitado que debe ser reservado para que algunos actores puedan hacer radiodifusión, en cable coaxial. No parece asumir la normalidad digital. Y paradójicamente niega así la posibilidad de una verdadera sociedad igualitaria: la sociedad del conocimiento en cuya base está la conexión universal a Internet.

El partido de la ley de medios tiene una impronta económica pero no tiene economistas. Los límites a la concentración económica y a la integración cruzada de distintos tipos de medios y las condiciones para el acceso a licencias son los temas fetiche del partido, que los agrupa entre las regulaciones pro-desmonopolización. El propio concepto de monopolio es interpretado con criterio amplio e impreciso que bordea el ridículo al hablar en plural para un mismo mercado: “los monopolios de la comunicación”.

Pero a pesar de esa centralidad y considerando la relevancia que en la Argentina tienen las ciencias económicas, prácticamente no hay economistas entre los militantes y dirigentes del partido. En su lugar, semiólogos de la comunicación y analistas de contenidos hacen análisis económico para producir derecho audiovisual con impacto en la regulación de las telecomunicaciones.

El partido de la ley de medios es antiempresa, y especialmente, anti Clarín. El partido de la ley de medios no cree en la iniciativa privada (salvo que surja de sus propias filas y se disfrace con el traje “sin fines de lucro”), la tolera pero desconfía fuertemente de sus intenciones, que no pueden ser otras que hegemonizar la comunicación pública y limitar el derecho a la información de la sociedad en su conjunto.

Cada sucursal nacional del partido tiene un enemigo claro y bien identificado: el principal grupo de comunicación. En la Argentina, ese objetivo fue el grupo Clarín. Más que ninguna otra empresa. Su configuración como el otro, el monopolio y hasta el diablo se produce mayormente en las aulas universitarias, de manera llamativamente acrítica e irreflexiva.

En este aspecto el partido también es dogmático: no importa que la mayor parte de la ley de medios de 2009 esté vigente, sus referentes y militantes la consideran casi derogada por más que el artículo clave -el 45, de topes a la multiplicidad de licencias- haya sido apenas recortado.

En 2019 habrá numerosos actos recordatorios de la ley de medios audiovisuales sancionada diez años atrás cuyo articulado está vigente en su mayor parte. Habrá duelo funerario por los artículos derogados o recortados. Habrá seguramente mucha nostalgia por la pasada instalación mediática de la cuestión, que salió de las aulas y peleó la agenda pública entre 2009 y 2015 con picos de alta excitación como las notificaciones administrativas al grupo Clarín, la audiencia pública en la Corte Suprema o el anuncio de su fallo sobre la constitucionalidad. Tal vez haya alguna pequeña autocrítica por la manera en la que se intentó aplicar la norma luego de aquel fallo supremo impulsado por el entonces presidente del cuerpo.

Aunque muchos lo consideran derrotado, y para otros sus ideas están completamente superadas, el partido de la ley de medios sigue vigente, está magullado pero resiste y lo hace con recursos potentes: desde la universidad y en el plano de las ideas sin descuidar la militancia partidaria y con fuerte influencia en organismos internacionales.

Sin un debate en serio, sincero y profundo sobre los postulados del partido de la ley de medios no habrá forma de avanzar en una nueva regulación, que en línea con el mundo desarrollado plante las bases del acceso universal a las herramientas de la comunicación y la alfabetización para su mejor aprovechamiento social e individual.