Contenidos 06/10/2019

Karina Banfi: “Quizás lo que falta en el derecho de propiedad intelectual sea un capítulo que hable de ciberdelito”

Por Roberto H. Iglesias

La diputada nacional participó del taller sobre lucha contra los delitos en Internet y repasó en esta entrevista el acceso a la información pública, la responsabilidad de los intermediarios y

Karina Banfi: “Quizás lo que falta en el derecho de propiedad intelectual sea un capítulo que hable de ciberdelito”

La diputada nacional Karina Banfi (UCR-Cambiemos, Prov. de Buenos Aires), especializada, entre otras cosas, en temas de libertad de expresión y acceso a la información, expuso recientemente en el segundo Taller Internacional de Lucha contra el Ciberdelito convocado por el Ministerio de Seguridad en Buenos Aires a principios de septiembre. El siguiente fue el diálogo mantenido con la legisladora luego de su participación en un panel.

-En libertad de expresión hay un viejo principio que dice que no hay delitos de prensa sino que existen -en todo caso- delitos cometidos a través de la prensa. Uno se pregunta si aplicando este principio (siempre hablando del ámbito penal, los casos civiles son otro tema) se puede llegar a la misma conclusión en el campo de Internet: no existen ciberdelitos per se sino delitos cometidos a través del medio digital o cibernético. ¿Cuál es tu opinión?

-Yo coincido. La tipificación delictual ya existe y solamente hay que trasladarla y aplicarla a la tecnología. La tecnología es una plataforma, no es ni buena ni mala. Lo que pasa que a veces parece desligar responsabilidades a los sujetos que activan o acceden a esa tecnología y algunos creen [equivocadamente ] que es mejor decir: ‘no, bueno, esto es imposible de contener’. Hay que tener en claro cómo funciona el derecho penal: funciona a partir de determinados consensos que refieren más que nada cuáles son los principios democráticos de un país. Si yo voy por ejemplo a China, en donde me prohíben tener más de un hijo, eso allá es un delito penal. Creo que ahora cambió la ley, no lo sé…

…sí, hace ya como cinco o seis años.

-Bueno, pero como ejemplo vale. Algo que en Occidente es impensado que se imponga, porque no hay un consenso. Cuando hablamos de pornografía infantil -que no es lo mismo que pornografía- en ese caso efectivamente hay consenso de que la pornografía infantil es un delito. La sociedad, nuestra sociedad, se puso de acuerdo en decir: si generás alguna situación de pornografía infantil vas a ser perseguido por la Justicia. Y si además sacás fotos y las difundís en tu correo electrónico vas también a ser perseguido y se convierte en un ciberdelito.

-¿Sería como una particularidad, más que un delito diferente? De la misma forma que como en todo delito puede también haber agravantes (o atenuantes) en función de ciertas circunstancias…

Podría ser, hay que verlo. Las penas por suerte son suficientemente altas en nuestro país. Quizás hay que mirar las reformas del Código Penal y trabajar en subir las penas si queremos ser un país con un accionar punitivo mucho más alto. Yo tengo mi especialidad de abogada en derecho penal y me preocupa mucho cuando hablábamos de restricción de libertades. Ante todo, como legisladora tengo que preservar eso. Es parte de mi despacho ver cómo preservamos los derechos políticos pero también las libertades por sobre todas las cosas. Por eso, cuando tenemos que restringirlas tenemos que ser muy criteriosos en no desbalancear lo que significan la penas por un lado con respecto a las garantías y derechos.

-Eso está clarísimo. Ahora, no ya en el campo penal, sino en el ámbito civil, donde se habla de temas como la responsabilidad de los intermediarios, ¿qué posición tenés?

No es una posición que yo tenga. Es una posición que manejan y que han escrito los cinco Relatores de Libertad de Expresión de los organismos de derechos humanos más importantes del mundo, que comprende todo el planeta porque integran a todos los continentes. ¿Qué refieren ellos? La verdadera responsabilidad de un alojador de contenidos en realidad es la de los productores de contenidos. Acá y en cualquier lugar son los responsables o los que deberían ser responsables de aquellas cosas que difunden, colocan, dicen o producen en el espacio de la Net.

En términos de derechos de autor, por ejemplo, si una persona publica un libro y un tercero en su blog decide escanear todo ese libro y difundirlo sin autorización del autor, eso ya es delito. Quizás lo que falta en el derecho de propiedad intelectual sea un capítulo que hable de ciberdelito

-Pero qué pasa también con el tema de propiedad intelectual y responsabilidad intermediaria cuando sólo se agregan enlaces a una página en lo que algunos creen que termina siendo un aprovechamiento no remunerado del trabajo ajeno [como Google Noticias]

-Bueno, está el Convenio de Budapest… O veamos la creación de una noticia falsa… ¿es responsabilidad de la persona que lo subió al Facebook?

-Administrativamente, dar “noticias no veraces” está prohibido en algunos casos: a los licenciatarios de emisoras desde los reglamentos de radiodifusión de los años 30… Pero en otros ámbitos no hay muchas normas aplicables.

-Bueno, pero esa noticia falsa, ¿quién la produjo? ¿Se puede perseguir? ¿Es difícil encontrar al autor? Yo creo que hay muchas excusas, porque hay mucho desconocimiento y a veces mucha vagancia. Y también, lamentablemente para el Estado, encarece los costos tener que salir a buscar… O no, quizás no. No lo sé. Pero quizás poner todo un aparato para buscar una persona que difamó a otra es algo ciertamente costoso.

-¿Y el caso de las remociones de material? Supongamos de cierto material en Internet que requiera remoción sumaria o sumarísima, que no pueda esperar un proceso: datos personalísimos, la propia pornografía infantil?

-El problema es que terminamos en el mismo lugar: la Justicia. La justicia lenta. La justicia que envía y mueve un aparato en términos procesales al divino botón, para decirlo sanamente ya que me estás grabando… Porque muchas veces lo pasan a la Fiscalía, lo mandan al Defensor y así… ¿Y por qué hacen eso? Porque no lo tienen claro. Buscan un andamiaje de protección para decir ‘ah, pero yo solo no tomé esta decisión de intervenir sobre la computadora de un sujeto’. ¿Por qué? Porque ahí esta lo que yo planteaba: el equilibrio que tenés que encontrar sobre los derechos humanos.

Y cuando nosotros estamos hablando de la libertad de expresión, como recién me preguntabas, ¿cuál es la responsabilidad ulterior sobre una falsa noticia creada por un medio o una persona que incluso puede ‘inventar’ un medio de comunicación? ¿Y eso puede provocar algún perjuicio sobre la persona que están difamando? Por supuesto. Eso ya está en el Código Penal. Ya tiene posibilidad de perseguirse: hay una fiscalía especial que es la Fiscalía de Ciberdelitos en donde van directamente estos casos que se producen en el ámbito de Internet. Los procesos están pero tardan mucho.

-¿Cuánto tardan?

-Yo tengo una causa qué inicié para ver cuánto tardaba la justicia.

-¿Una causa de qué tipo?

-Por amenazas, en Twitter.

-¿Cuándo la iniciaste?

-En 2017. En marzo de ese año voy a un programa de televisión y un “X” me amenaza de muerte [a través de un tweet]. Fue una vez que me peleé con el defensor de[l exmilitar Aldo] Rico. Dos años tardó esa causa. Se dieron algunas cosas que ayudaron a  localizar a esa persona: el mismo avatar, con el mismo nombre del tweet, había también amenazado de muerte a [la diputada trotskista] Myriam Bregman un año antes. Fuimos a la justicia de Comodoro Py, a la justicia federal, porque las dos éramos diputadas nacionales. El juez empieza a actuar.

Y lo averiguó dos años después: en abril de 2019, encontraron a la persona.  Estaba en Santa Fe, identificado, con su IP, allanaron su casa y encontraron 13 computadoras y nueve teléfonos. Era un señor jubilado de setenta y pico de años, que alegaba que no tuvo intención de amenazar,  pero lo que dijo en Twitter fue una clara amenaza. ¿Qué dijeron en la Cámara cuando apeló su abogado defensor, de por qué la persona está procesada y presa?

-¿Qué dijeron?

-Dijeron que no es necesaria la identificación real de una persona una red para poder localizarla. La Justicia tiene todos los elementos para encontrar el IP que es a nueva identificación de cualquier sujeto. El IP va en coordinación con la red social.

-¿Y cuál es la situación de esta persona?

Está preso. Yo digo qué dijo su abogado defensor, porque fue y apeló para que lo eximan de la prisión. La Cámara le dijo “no, no…  está bien preso porque fue quien amenazó”. ¿Cuál es el problema que yo veo? Dos años tardó la justicia. Podrían habernos rematado a Myriam Bregman, a mí y a todas las mujeres del universo.

-Pasemos a otro tema, el acceso a la información. En su momento fuiste una abanderada de impulsar esto…

-…lo soy, lo sigo siendo.

-Hablo en pasado porque hubo un resultado concreto: la creación por ley de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que vos misma dijiste que era “una herramienta para acceder a otros derechos” ¿Qué balance hacés de cómo ha venido funcionando hasta ahora, teniendo en cuenta que —creo— hay menos consultas de las que uno podría esperar? Y cómo ves el futuro, ya que es posible que estemos al borde un cambio drástico de gobierno: ¿pensás que hay un andamiaje institucional que pueda resistir ese tipo de cambios?

-Si no lo mantiene el gobierno que venga, sea de la bandera política que sea, va a estar incumpliendo con la ley y con los derechos humanos, porque esto lo logramos después de 12 años…

-Pero la ley se cumple “hasta ahí” en la Argentina. Todavía hay una ley de hace 30 años, nunca derogada, que dice que la capital del país es Viedma y no hay ningún responsable por no cumplirla. Sólo un ejemplo…

-[Se ríe]… No, no. Pero no, acá va a haber actores [que controlen]. Voy a estar yo en el lugar que sea. Soy otra vez candidata a diputada. Todos nosotros tenemos que defender ese instrumento [la ley de acceso a la información]. Estoy convencida que hemos creado la herramienta más poderosa contra la corrupción. Ahora nadie va a poder robar como se robó en los 12 años anteriores. Y ahora vamos a poder hacer un pedido de acceso a la información. Y veremos si responden; si incumplen o no incumplen.  Lo bueno es que tenemos los organismos internacionales para apelar. Porque justamente le dimos en la ley el carácter de un derecho humano, no lo pusimos como una simple herramienta de transparencia.  Va a ser muy importante que un gobierno democrático no viole principalmente los derechos humanos.

-Ahora si me decís, ‘pero en el gobierno anterior ya lo violaban…’ cinco veces la Corte Suprema hizo un llamamiento a que cumplieran con el propio decreto 1172/03 y se dictara una ley…

.…aquel decreto había sido dictado por el mismo gobierno anterior que lo terminó incumpliendo cada vez más…

Pero ahora creo que ya hay un cambio de época. La ley [de acceso a la información pública] salió con 221 votos a favor. Debió ser porque había 229 [legisladores presentes]. Muy poquitos no votaron. Es importante que se siga respaldando esta institución que hemos creado, la AAIP.

Con respecto a si se usó mucho o no: la cantidad de pedidos de acceso son más de 5.000 en dos años, desde que se puso operativa la agencia. En relación a otros países es mucho.

-Periodistas y políticos, como en el resto del mundo…

-Principalmente. Ahora empiezan a usarlo mucho las empresas. Eso está bueno.

-¿En qué aspectos?

-Licitaciones, ofertas. Es muy interesante cuando empiezan a darse cuenta que es una situación que ayuda también para el desarrollo, para la producción. Vamos a ver qué pasa.